La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para cuatro personas imputadas por el grave delito de trata de personas con fines de explotación sexual, una trama que involucra a alumnas de un colegio secundario de la capital provincial. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, saca a la luz la extrema vulnerabilidad de adolescentes que, en un ambiente escolar, fueron víctimas de una red criminal.
La medida cautelar fue solicitada por la Unidad Fiscal Salta y se fundamenta en la existencia de un alto riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga por parte de los acusados. La fiscalía, en su presentación ante el juez, detalló un modus operandi siniestro: los imputados, con roles definidos dentro de la red, captaban a las adolescentes a través de engaños y promesas, para luego someterlas a explotación en distintos puntos de la ciudad.
Según el informe del Ministerio Público Fiscal, la investigación, que se inició a partir de una denuncia anónima, reveló una serie de elementos probatorios contundentes, incluyendo conversaciones y registros de traslados de las víctimas. La colaboración con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas fue clave para el resguardo de las jóvenes y la profundización de las pruebas.
El trabajo conjunto entre la justicia federal y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Trata de Personas (PROTEX) subraya la complejidad de estos casos, que a menudo se esconden detrás de fachadas de normalidad. La imputación de los cuatro individuos envía un mensaje claro sobre la seriedad con la que se abordan estos crímenes que, en la mayoría de los casos, afectan a menores en entornos de aparente seguridad.
Familiares y organizaciones de derechos humanos han manifestado su apoyo a la decisión judicial, pero también han expresado su preocupación por la extensión de estas redes y la necesidad de una mayor prevención en las escuelas y en la sociedad. El caso salteño evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de denuncia y concientización para proteger a los más jóvenes de estas nefastas prácticas.
El proceso judicial continuará con la etapa de instrucción, donde se esperan nuevas pruebas y testimonios que permitan dilucidar la extensión completa de la red y la posible participación de otros actores. El objetivo final es no solo obtener una sentencia condenatoria, sino también garantizar la reparación integral y el acompañamiento psicológico de las víctimas, un paso fundamental para su recuperación y reinserción social.
