El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado esta semana ante el Congreso, revela un panorama financiero desafiante para las empresas públicas, con un foco particular en el déficit millonario que proyecta para Aerolíneas Argentinas y Nucleoeléctrica Argentina. Según los documentos oficiales, estas dos compañías serían las más deficitarias del Estado, lo que las sitúa en el centro del debate sobre la racionalización del gasto y el rol de las empresas estatales en la economía.
La proyección del gobierno asigna a Aerolíneas Argentinas un déficit significativo, en línea con la histórica falta de rentabilidad de la compañía y su necesidad de un constante apoyo financiero del Estado. A pesar de los esfuerzos por reducir sus pérdidas, la aerolínea sigue dependiendo de los subsidios para su operación, un punto que es especialmente sensible en el actual contexto de ajuste fiscal.
Por su parte, Nucleoeléctrica, la empresa que gestiona las centrales nucleares del país, también se perfila como una de las principales receptoras de asistencia estatal. Si bien el sector nuclear es estratégico para la matriz energética nacional, su operación a menudo requiere de fuertes inversiones y subsidios para mantener la infraestructura y garantizar el suministro de electricidad, lo que se traduce en un desequilibrio financiero que el Tesoro debe cubrir.
El informe del Ministerio de Economía que acompaña al Presupuesto detalla que el gobierno tiene como objetivo principal reducir el déficit de las empresas públicas como parte de su plan de déficit cero. No obstante, las proyecciones para estas dos compañías sugieren que el camino será largo y complicado. El gobierno ha señalado que, en el futuro, buscará que estas empresas sean más eficientes y dependan menos de los fondos públicos.
La situación de Aerolíneas y Nucleoeléctrica probablemente dominará el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde la oposición cuestionará el modelo de gestión y los costos que estas empresas representan para el erario público. Los legisladores exigirán explicaciones sobre las estrategias para revertir las pérdidas y si el gobierno tiene planes concretos de privatización o reestructuración.
El presupuesto 2026, en su conjunto, es una hoja de ruta para la gestión económica del próximo año, y las proyecciones para estas empresas son un indicador claro de los desafíos que el gobierno enfrenta. Lograr la estabilidad fiscal requerirá de decisiones difíciles y de un consenso político que, al menos por ahora, se presenta como un objetivo lejano, dejando a las empresas públicas en el centro de una controversia política y económica.
