El Gobierno nacional oficializó la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos, una medida que busca dinamizar el ingreso de divisas y aliviar la presión sobre el tipo de cambio en un contexto de incertidumbre económica. La decisión, instrumentada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, establece la alícuota en 0% para las exportaciones de trigo, maíz, sorgo y girasol hasta el 31 de octubre de 2025. La medida, que se esperaba con gran interés en el sector agropecuario, generó una inmediata reacción de la dirigencia política, con opiniones divididas sobre su verdadero alcance y propósito.
La iniciativa gubernamental, si bien celebra por las cámaras agroindustriales, no estuvo exenta de críticas por parte de figuras de la oposición. Miguel Ángel Pichetto, referente de un sector de la política, calificó la suspensión de las retenciones como una “medida oportunista y electoral”, sosteniendo que responde más a la necesidad de recaudar dólares para contener la volatilidad del mercado que a una genuina política de largo plazo para el campo. En esa línea, diversas voces políticas y económicas han señalado que la transitoriedad de la medida no brinda la previsibilidad que el sector agropecuario reclama desde hace años.
El decreto, que lleva la firma del presidente y su gabinete económico, tiene como objetivo principal incentivar la liquidación de granos de la cosecha gruesa, que los productores aún retienen a la espera de mejores condiciones de mercado. Según estimaciones del Ministerio de Economía, la medida podría generar un ingreso de divisas superior a los 7.000 millones de dólares en el corto plazo, una inyección crucial para las reservas del Banco Central y para disipar la presión alcista sobre el dólar. Sin embargo, la efectividad real dependerá de la respuesta de los productores, quienes han expresado su cautela ante la falta de una política fiscal más estable.
La historia reciente del país está marcada por la conflictiva relación entre el gobierno y el sector agropecuario en torno a los derechos de exportación. Desde la crisis de la Resolución 125 en 2008 hasta las sucesivas modificaciones de las alícuotas, las retenciones han sido un tema central en la agenda política y económica. En este contexto, la decisión de reducir a cero este gravamen, aunque sea de forma temporal, marca un precedente, pero también genera dudas sobre la posibilidad de una eliminación definitiva, un reclamo histórico del campo.
Expertos en el sector agroindustrial señalan que, si bien la eliminación de las retenciones es una noticia positiva, la ventana de oportunidad es limitada y no resuelve los problemas estructurales del sector. La falta de acceso a financiamiento, la alta presión impositiva en otros eslabones de la cadena de valor y la incertidumbre macroeconómica siguen siendo factores que inciden en la toma de decisiones de los productores. La medida, por sí sola, no garantiza la reactivación de las exportaciones a largo plazo si no se complementa con políticas que fomenten la inversión y la productividad.
El futuro de las retenciones parece estar ligado al desenlace político de los próximos meses. Si bien la medida busca un efecto inmediato en las cuentas públicas, la crítica de la oposición y el propio sector agropecuario pone de relieve la fragilidad de las decisiones de coyuntura. La posibilidad de una reducción permanente o la reinstauración del gravamen después del 31 de octubre dependerá no solo del desempeño económico, sino también de las alianzas políticas y los consensos que el Gobierno logre construir en un escenario de minoría parlamentaria.
