En un giro que generó controversia y preocupación en la sociedad civil, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad, pero, al mismo tiempo, suspendió su ejecución. La medida, oficializada a través de un decreto, responde a la falta de previsión presupuestaria para cubrir los gastos que la normativa implica, un punto de conflicto que había llevado al Poder Ejecutivo a vetar la ley previamente. La decisión de promulgarla y postergarla deja en suspenso la aplicación de beneficios cruciales para miles de personas con discapacidad en el país.
El decreto argumenta que el Congreso de la Nación “omitió indicar de manera fehaciente” las fuentes de financiamiento para las erogaciones que la ley supone. Si bien la ley fue sancionada por una abrumadora mayoría de ambas cámaras, el Ejecutivo ha señalado que la facultad de reasignar partidas presupuestarias no constituye una fuente “concreta, específica, actual y suficiente” para afrontar los costos. Las estimaciones oficiales, contenidas en el propio decreto, calculan un gasto adicional de más de 3 billones de pesos para el ejercicio 2025, un monto que el Gobierno considera insostenible en el marco de su política de ajuste fiscal.
La normativa, producto de un amplio consenso legislativo, establece, entre otras medidas, la creación de una pensión no contributiva por discapacidad, la extensión de beneficios del programa “Incluir Salud” y una compensación económica de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad. Estas medidas buscan paliar la grave crisis del sector, que ha enfrentado demoras en los pagos, aranceles desactualizados y una precarización general de la atención.
La postergación de la aplicación de la ley se produce después de que el Congreso insistiera con su sanción, revirtiendo el veto presidencial. Esta maniobra del Poder Ejecutivo se enmarca en un conflicto de poderes en el que el Gobierno busca defender su política de equilibrio fiscal, mientras que el Poder Legislativo ha manifestado su voluntad de proteger derechos sociales considerados prioritarios. Desde las organizaciones de la sociedad civil, la noticia fue recibida con decepción y se han multiplicado las críticas a la decisión oficial.
La suspensión de la ley genera un vacío de incertidumbre para las familias y prestadores. Si bien la norma está promulgada, su implementación queda condicionada a que el Congreso incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, un proceso que podría demorar su concreción por tiempo indeterminado. Este escenario abre la puerta a una judicialización del conflicto, con la posibilidad de que diversas organizaciones y particulares presenten amparos para exigir la aplicación de los beneficios previstos.
La decisión del Gobierno de promulgar pero no aplicar la ley de discapacidad pone en evidencia la tensión entre el equilibrio fiscal y la protección de los derechos sociales. Mientras el Ejecutivo defiende la ortodoxia económica, las organizaciones de personas con discapacidad y un amplio espectro de la dirigencia política reclaman una prioridad en la inversión social. El futuro de la ley, y por ende de los beneficios para este colectivo vulnerable, queda ahora en manos del diálogo —o la falta de él— entre los poderes del Estado y la capacidad de la sociedad civil para sostener su reclamo.
