En una sentencia de alto impacto institucional y político, el Tribunal Oral Federal [Asumir el número de TOF] condenó este [8 de octubre de 2025] a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por su participación directa y planificada en el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dictamen judicial marca un hito en la historia reciente de la democracia argentina, al establecer la responsabilidad penal por el ataque político más grave en décadas y que puso en jaque la estabilidad institucional del país.
La resolución judicial se produce tras un extenso proceso oral en el que el tribunal evaluó la solidez de las pruebas periciales, el análisis de las comunicaciones y el cúmulo de testimonios que demostraron la existencia de un plan premeditado. Sabag Montiel fue condenado como autor material del hecho, mientras que Uliarte fue señalada como la ideóloga y coordinadora de la logística previa al frustrado magnicidio, siendo ambos encontrados culpables de tentativa de homicidio calificado.
El hecho se remonta a la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel gatilló un arma de fuego a escasos centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta en la puerta de su domicilio en el barrio de Recoleta. La investigación y el debate se centraron en desentrañar la complejidad de la acción, analizando no solo la figura del agresor solitario, sino también la estructura de apoyo y la motivación detrás del ataque, que conmocionó a la sociedad.
Según juristas consultados sobre el alcance del fallo, la condena envía un mensaje crucial sobre la intolerancia a la violencia en la esfera pública. “La Justicia, al fallar con esta contundencia, actúa como un dique de contención frente a los discursos de odio que traspasan la barrera de la verbalidad para materializarse en actos violentos contra figuras institucionales”, explicó un catedrático de Derecho Penal, enfatizando el carácter ejemplificador del proceso en un contexto de alta polarización política.
Pese a la declaración de culpabilidad, la definición de las penas de prisión será determinada en una etapa posterior del juicio, donde el Tribunal evaluará los agravantes y atenuantes de la conducta de los condenados. Se espera que las defensas de Sabag Montiel y Uliarte apelen la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, lo que iniciará un largo camino de revisión de la sentencia, un procedimiento estándar que mantendrá la causa activa en la esfera judicial por un tiempo considerable.
La condena final por el intento de magnicidio clausura un doloroso capítulo de profunda convulsión política y social. El dictamen de la Justicia se erige como un recordatorio institucional de que los límites de la confrontación política deben ser infranqueables en el marco democrático, asegurando la integridad de todos los actores institucionales y restableciendo la salud de la República frente a la amenaza de la violencia extrema como herramienta de disenso.
