El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó categóricamente haber amenazado al diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, descalificando la denuncia como una falsedad motivada por la búsqueda de exposición mediática. La disputa escaló en la antesala de una sesión crucial en el Congreso, exponiendo la creciente crispación entre el oficialismo y una parte de la oposición dialoguista, centrada en el tenso debate por la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Menem, en una improvisada rueda de prensa, desmintió la versión de Manes, quien lo había acusado de “apretar diputados” en los pasillos, llegando a advertirle que se venía “una operación de prensa brutal” si el bloque lograba el quorum para la sesión especial. El presidente de la Cámara Baja refutó que sus palabras al oído del legislador se limitaron a informarle que la jornada parlamentaria sería “muy larga” debido a la extensión del temario a tratar.
La confrontación se enmarca en un contexto de alta sensibilidad política. Los bloques de la oposición habían convocado a una sesión especial para impulsar un proyecto que busca limitar las facultades del Poder Ejecutivo en el uso de los DNU, una herramienta clave del actual Gobierno que genera fuerte rechazo en parte del arco político. El oficialismo, por su parte, resiste cualquier intento de acotar estas atribuciones, calificando la iniciativa opositora como “golpista”.
Para deslegitimar la denuncia, Menem recurrió a un antecedente de meses atrás, recordando que Manes ya había mentido al denunciar sin pruebas una supuesta agresión física de parte de un asesor presidencial. El legislador oficialista sugirió que la actitud del neurocirujano es parte de una estrategia para ganar visibilidad. “Hay diputados a los que se les termina el mandato a fin de año y hacen lo que sea”, sentenció Menem, apuntando a la proximidad del cierre del período legislativo.
El trasfondo de esta acusación y desmentida radica en la fragilidad de las mayorías legislativas y la dificultad del oficialismo para avanzar con su agenda sin negociaciones tensas. La denuncia de intimidación por parte de un alto cargo institucional, aunque negada, pone en tela de juicio la calidad del diálogo y el respeto por los procedimientos en el corazón del Poder Legislativo.
Este incidente, más allá de la disputa personal, cristaliza la profunda polarización que domina el debate público. La necesidad de contar con el quorum y los votos para iniciativas clave continuará intensificando este tipo de cruces. Expertos en derecho parlamentario señalan que, si bien las tensiones son inherentes al juego político, la utilización de acusaciones de amenazas para presionar en el recinto deteriora la confianza y exacerba la desinstitucionalización.
