La escalada de violencia en Río de Janeiro ha alcanzado un nuevo y preocupante nivel tras un megaoperativo policial, al confirmarse que la organización criminal Comando Vermelho (CV) utilizó drones con cargas explosivas para atacar a las fuerzas de seguridad. Este sofisticado asalto a distancia, en el que se registraron intensos tiroteos y una cifra de víctimas que supera la decena de fallecidos, pone de manifiesto la capacidad bélica y la amenaza de carácter insurgente que representa el narcotráfico en Brasil.
El despliegue policial, considerado uno de los mayores en la historia reciente de la ciudad, movilizó a 2.500 agentes con el objetivo de desarticular la cúpula del CV y frenar su proyecto de expansión territorial en los complejos de favelas de Penha y Alemão. La operación, que se inició tras más de un año de investigación judicial, se concentró en dar cumplimiento a más de cincuenta órdenes de captura contra líderes y operadores financieros de la facción, quienes manejan un vasto entramado de narcotráfico y extorsión.
El punto de inflexión fue la respuesta de la facción criminal, que empleó tácticamente vehículos aéreos no tripulados (drones), equipados con detonadores remotos, para liberar cargas explosivas contra los agentes. El secretario de Seguridad Pública, Víctor dos Santos, calificó la táctica como un acto de “narcoterrorismo” y confirmó que esta estrategia permitió a los delincuentes atacar objetivos policiales sin exponer a sus miembros directamente al fuego.
Expertos en seguridad y crimen organizado, citados por medios locales, señalan que el uso de esta tecnología de guerra en un contexto urbano, si bien se había reportado de manera incipiente, ahora se consolida como una táctica sostenida. Este desarrollo es un indicador claro de la capacidad de adaptación y el alto poder adquisitivo del Comando Vermelho, que estaría importando y modificando tecnología disponible comercialmente para fines bélicos. La violencia generó un impacto social inmediato, con el cierre de más de cuarenta escuelas municipales y la suspensión de servicios de salud esenciales, afectando a más de 200.000 residentes.
La intensificación del conflicto armado, con más de 60 muertos reportados durante los operativos, plantea serios interrogantes sobre la efectividad de los megaoperativos y la necesidad de una estrategia de seguridad que trascienda la confrontación directa. De acuerdo con datos de organizaciones civiles, los enfrentamientos han provocado cerca de 700 muertes en intervenciones policiales solo en 2024, avivando el debate sobre los derechos humanos y la brutalidad policial en las comunidades marginalizadas.
A futuro, las autoridades se enfrentan al reto de neutralizar no solo el aparato criminal tradicional, sino también su arsenal tecnológico emergente. Se espera que el gobierno de Río de Janeiro impulse una nueva legislación o refuerce las medidas de control sobre la venta y operación de drones, al tiempo que se deberá evaluar si la respuesta de seguridad actual es sostenible o si la situación obliga a reclasificar al CV como una organización con capacidad insurgente que requiere una estrategia de contención de carácter nacional.
