Los detalles que emergen tras el megaoperativo policial en Río de Janeiro, que dejó un saldo trágico de más de 130 muertos, confirman que el grupo criminal Comando Vermelho (CV) había trascendido la estructura tradicional de una banda narcotraficante, organizándose y armándose como un verdadero ejército de combate urbano. La sofisticación de las defensas y el armamento, que incluyó el uso de drones explosivos y fortificaciones tácticas, revelan un nivel de preparación sin precedentes para enfrentar al Estado, elevando el conflicto en las favelas a un estado de guerra asimétrica.
Fuentes de inteligencia y reportes policiales indican que el CV no solo poseía fusiles de asalto de alto calibre, sino que había implementado una planificación militar para la defensa de sus territorios en los complejos de Penha y Alemão. Esta preparación incluía la instalación de barricadas reforzadas, trincheras improvisadas y un sistema de vigilancia basado en tecnología que permitía monitorear los accesos y los movimientos de las fuerzas de seguridad en tiempo real. La estrategia buscaba maximizar las bajas policiales y desalentar futuras incursiones, mostrando un desafío abierto a la soberanía estatal.
La utilización de drones modificados para lanzar explosivos es uno de los elementos más alarmantes, ya que marca un salto cualitativo en la capacidad ofensiva de las facciones criminales en Brasil. Este tipo de tecnología bélica, antes limitada a grupos armados en zonas de conflicto internacional, demuestra la alta capacidad de financiamiento y la experticia técnica alcanzada por el Comando Vermelho, probablemente a través de alianzas con redes de tráfico de armas internacionales.
Expertos en seguridad y defensa regional advierten que esta militarización del crimen organizado tiene profundas implicancias para toda América Latina. El modelo de organización del CV, centrado en la defensa territorial agresiva y la confrontación directa con el Estado, podría ser replicado por otras bandas en la región, escalando la violencia urbana y superando la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales tradicionales. La situación exige una reestructuración urgente de las estrategias de seguridad y el uso de inteligencia superior para desmantelar estas estructuras.
El impacto del operativo fue devastador no solo para los criminales, sino para la población civil, que se encontró atrapada en el fuego cruzado de una confrontación militarizada. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la respuesta policial, caracterizada por la fuerza desmedida, no respetó los protocolos de intervención en áreas densamente pobladas, lo que contribuyó al alto número de víctimas mortales. Esto reaviva el debate sobre la estrategia de “guerra a las drogas” en Brasil y la necesidad de priorizar la seguridad ciudadana por encima de las tácticas de confrontación.
El ascenso del Comando Vermelho a una organización con atributos militares subraya la urgencia de una política de seguridad que vaya más allá de las operaciones tácticas. La lucha contra el crimen organizado en Río de Janeiro requiere desarticular sus redes financieras, cortar el flujo de armas de alto poder y, fundamentalmente, recuperar el tejido social de las favelas. De lo contrario, la capacidad de estos “ejércitos narcos” de desafiar al Estado y perpetuar ciclos de violencia letal se mantendrá intacta, poniendo en jaque la estabilidad y la gobernabilidad de la metrópolis brasileña.
