Los datos preliminares de inflación correspondientes al mes de octubre señalan una preocupante aceleración en el índice de precios al consumidor (IPC), con proyecciones que la ubican en un rango cercano al 25%. Este salto inflacionario, impulsado principalmente por el impacto de la suba de los alimentos y las correcciones en precios regulados, representa un duro golpe al plan de estabilización del Gobierno y genera una seria alarma en los segmentos de menores ingresos.
La principal variable detrás de esta aceleración es el rubro de Alimentos y Bebidas, que registra incrementos de dos dígitos en la primera quincena del mes. Según analistas de la consultora C&T Asesores Económicos, la combinación de la inercia devaluatoria, el repunte estacional de algunos productos frescos y la recomposición de márgenes de las empresas de consumo masivo explican la escalada. Este fenómeno es especialmente sensible, ya que el precio de los alimentos tiene un peso desproporcionado en la canasta de consumo de los sectores vulnerables.
Presión de Precios Regulados
A la dinámica alcista de los alimentos se sumó la prevista corrección de precios regulados, incluyendo aumentos en tarifas de servicios públicos y combustibles. Si bien estas subas son necesarias para reducir los subsidios y sanear las cuentas fiscales, su implementación gradual genera un efecto de inflación de arrastre que se sentirá en los próximos meses. El desafío del Banco Central (BCRA) es evitar que esta inyección de liquidez y recomposición de tarifas se traduzca en una espiral de indexación salarial y de precios generalizada.
De acuerdo a economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la cifra proyectada del 25% para octubre pondría en jaque la meta no oficial del Gobierno de contener la inflación mensual por debajo del 20%. Esto obligará al equipo económico a revisar su estrategia de política monetaria y cambiaria, que hasta ahora se basaba en la acumulación de reservas y en un anclaje fiscal rígido. La volatilidad cambiaria reciente también ejerce una presión adicional sobre los costos de producción importados.
Las implicancias sociales de una inflación tan alta son directas y severas. El fuerte impacto en los alimentos licúa el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los programas sociales, revirtiendo cualquier mejora nominal que se haya logrado. Los indicadores de pobreza e indigencia, que habían mostrado una leve tendencia a la baja en el último reporte, corren el riesgo de deteriorarse significativamente, poniendo en riesgo la estabilidad social.
En conclusión, la aceleración de la inflación en octubre obliga al Gobierno a intensificar sus esfuerzos de comunicación y gestión. Más allá del ajuste fiscal, se requerirá una coordinación más fina de las políticas de ingresos y una vigilancia estricta sobre los precios de la canasta básica. El desafío inmediato del BCRA será utilizar las herramientas de política monetaria con precisión para evitar que la inercia del 25% de octubre se consolide como un nuevo piso inflacionario para el cierre del año.
