Una reciente y alarmante denuncia de una ONG especializada en seguridad vial y automotor ha puesto en la mira la circulación de más de 80.000 vehículos conocidos como “mellizos” en el territorio nacional. Estos rodados ilegales, que poseen una doble identidad registral —con números de chasis y motor duplicados de vehículos legítimos—, representan un grave problema de seguridad pública, un fraude masivo al fisco y un impacto directo en el patrimonio de miles de ciudadanos. La preocupación se intensifica al destacar que una abrumadora mayoría de estos autos fraudulentos son camionetas de alta gama.
El fenómeno del “auto mellizo” es el resultado de una sofisticada ingeniería delictiva. La banda roba un vehículo de alta demanda (el “clon”), obtiene su documentación, y luego utiliza los datos de un vehículo similar —generalmente de un modelo dado de baja o siniestrado— para duplicar las chapas identificatorias y adulterar la numeración de chasis y motor. De esta manera, el vehículo robado es “blanqueado” e insertado en el mercado de compra-venta, muchas veces a través de gestores inescrupulosos o incluso de manera fraudulenta en el propio registro automotor.
Según la entidad denunciante, la predilección de las organizaciones criminales por las camionetas no es casual. Estos vehículos, con alto valor de reventa en el mercado interno y en países limítrofes, son fácilmente demandados en provincias del norte y la Mesopotamia, donde su uso es intensivo. Además, la complejidad de sus sistemas de identificación y el valor patrimonial que representan justifican la inversión delictiva en la falsificación de documentos y la adulteración física de los rodados.
El informe subraya que esta operatoria solo es posible con un grado de connivencia y corrupción en distintas etapas del proceso. El blanqueo de 80.000 unidades sugiere la existencia de una cadena logística bien aceitada que involucra desde el robo o la compra de vehículos siniestrados para obtener el “código limpio”, hasta la intervención en los Registros del Automotor para avalar transferencias fraudulentas. El fisco, por su parte, deja de percibir millones de pesos en impuestos, patentes y tasas registrales.
Para el ciudadano común, la compra de un auto mellizo conlleva la pérdida total del dinero invertido y la incautación inmediata del rodado una vez detectado el fraude, ya que legalmente pertenece a su dueño original. La ONG exige al Estado la implementación urgente de sistemas de verificación biométrica y digitalización integral del historial vehicular que sean inviolables, además de un control exhaustivo en las dependencias registrales.
La magnitud de la cifra, que supera las 80.000 unidades, demanda una respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Frenar esta actividad no es solo combatir el robo de automotores, sino desmantelar redes de crimen organizado transnacional que utilizan la falsificación vehicular como una de sus principales fuentes de ingreso, un desafío que requiere tecnología de punta y una depuración profunda de los mecanismos de control.
