Un reciente fallo judicial de alto impacto en el sector automotor ha condenado a dos concesionarias a resarcir económicamente a un cliente que adquirió un vehículo usado con el kilometraje adulterado y múltiples desperfectos mecánicos ocultos. La sentencia, que subraya la aplicación rigurosa de la Ley de Defensa del Consumidor, sienta un precedente fundamental al responsabilizar solidariamente a todos los intervinientes en la cadena de comercialización por la falta de transparencia y los vicios ocultos en la venta de rodados de segunda mano.
El caso se originó a partir de una demanda iniciada por el comprador, quien descubrió, tras someter el automóvil a una pericia técnica independiente, que el odómetro había sido manipulado para mostrar una cifra sensiblemente menor a la real. La reducción artificial del kilometraje, práctica fraudulenta conocida como “afeitado”, fue crucial para inflar el precio de venta y ocultar el desgaste real del vehículo, que inmediatamente después de la compra comenzó a presentar una sucesión de graves problemas mecánicos.
La resolución judicial es particularmente relevante porque no solo obliga a las empresas a abonar el resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos —incluyendo el valor real del vehículo con sus vicios y los gastos de reparación—, sino que también impone una sanción por daño punitivo. Esta figura legal, prevista en la Ley N° 24.240, busca castigar la conducta dolosa o gravemente negligente de los proveedores que, con su accionar, desprecian los derechos del consumidor o se benefician de prácticas ilícitas.
Durante el proceso, una de las firmas intervinientes intentó deslindar responsabilidad argumentando que el kilometraje real había sido consignado correctamente en su etapa de venta mayorista. Sin embargo, la Cámara determinó la responsabilidad solidaria de todas las concesionarias que participaron en la transferencia final del vehículo al consumidor. Los magistrados sostuvieron que la ley protege al comprador final, obligando a todos los proveedores de la cadena a garantizar que la información sobre el producto comercializado sea veraz, cierta y completa.
Expertos legales en derecho del consumidor destacan que este tipo de fallos es vital para combatir una práctica muy extendida en el mercado de vehículos usados. La adulteración de odómetros no es solo un fraude económico, sino una potencial amenaza a la seguridad vial, ya que un vehículo con desgaste mayor al indicado puede requerir mantenimientos urgentes o tener fallas imprevistas en sistemas críticos.
El precedente judicial refuerza la necesidad de que los consumidores extremen las precauciones al adquirir vehículos usados, exigiendo pericias técnicas y chequeando el historial de servicios, pero fundamentalmente envía una señal contundente al sector de la comercialización automotriz: la opacidad y el fraude tienen consecuencias financieras severas, y la Justicia actuará para tutelar los derechos de los compradores.
