La jueza Julieta Makintach, que comenzó 2025 al frente del tribunal que juzgaría a los imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, enfrenta desde este jueves su propio juicio político (Jury) que podría culminar en su destitución. El caso representa el máximo escándalo judicial reciente en Argentina y la acusa de haber provocado la nulidad del trascendental debate oral a causa de su afán de notoriedad. La magistrada, que buscaba ser la protagonista de un documental titulado “Justicia Divina”, se encuentra ahora en el banquillo, señalada por un proceder que puso en jaque el futuro de la causa que miraba el mundo.
La acusación que la arrastró a esta instancia se centra en su falta de ética y rigor profesional. Según los fiscales que investigaron el caso, Makintach intentó utilizar el juicio por la muerte del ídolo del fútbol para inmortalizar su propio apellido, buscando ser recordada como la administradora de esa “Justicia Divina” que daría nombre a su documental. Este proyecto audiovisual se filmaba a sus espaldas, sin conocimiento de los familiares de la víctima, los abogados defensores ni los fiscales, comprometiendo gravemente la imparcialidad y la transparencia del proceso judicial.
La consecuencia directa de esta irregularidad fue de una gravedad institucional inusitada. El accionar de Makintach provocó la nulidad del debate que se desarrollaba en el Palacio de Justicia de San Isidro. Expertos legales y abogados defensores ya han adelantado que utilizarán este vicio procesal para solicitar el principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito) a favor de los siete imputados. Esta estrategia legal, de prosperar, podría tener como resultado la impunidad de la muerte de Maradona, transformando a la exintegrante del tribunal de potencial heroína judicial en la principal responsable del colapso de la causa.
La conducta de la magistrada se vio agravada por su intento de encubrir el escándalo. Ante las primeras acusaciones sobre su participación en el documental, Makintach mantuvo una postura de negación constante, llegando incluso a desmentir la situación ante sus propios colegas y la prensa. Su versión cambió solo después de que la Justicia descubriera y presentara videos del filme en pleno debate oral, obligándola a admitir su participación, aunque minimizándola como un “proyecto casero”. Posteriormente, un nuevo video la mostró accediendo explícitamente a hacer un documental sobre el juicio y su trabajo, dejando al descubierto una secuencia de mentiras recurrentes que mancharon sus 27 años de trayectoria.
Más allá del documental, la jueza está imputada penalmente por cinco delitos y también ha sido acusada de hostigar a testigos que declararon en la causa penal. El Jury, que comenzará este jueves, cuenta con un amplio cuerpo de prueba, destacándose la extensa lista de testigos de la acusación, que incluye a familiares de Maradona, abogados y hasta a sus propios compañeros jueces, a quienes la magistrada intentó arrastrar al escándalo sugiriendo que conocían del film. La decisión del gobernador Axel Kicillof de no expedirse sobre su renuncia al cargo obligó a los conjueces sorteados a asumir la responsabilidad de evaluar si las graves acusaciones son motivo suficiente para su destitución.
El juicio político contra Julieta Makintach sienta un precedente crucial en materia de ética judicial y el uso de la visibilidad mediática. La resolución del tribunal definirá los límites del comportamiento de los magistrados en casos de alto perfil, donde la tentación de la fama choca directamente con el rigor y la imparcialidad exigidos por el debido proceso. La Justicia argentina se enfrenta al desafío de recuperar la credibilidad en el proceso de Maradona, mientras resuelve la crisis institucional generada por la ambición personal de una jueza que, en el intento de hacer “Justicia Divina”, terminó amenazando la posibilidad de justicia terrenal.
