Tras el proceso electoral y a menos de un mes para la finalización del período ordinario, el Senado de la Nación se encuentra paralizado por agendas internas que impiden la concreción de una sesión plenaria. La situación actual se caracteriza por una profunda fragmentación de intereses, donde el oficialismo, encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, persigue un objetivo administrativo de corto plazo, mientras que la oposición, especialmente el kirchnerismo, intenta rescatar temas pendientes de alto impacto político y constitucional. Este impasse refleja la debilidad de la gestión parlamentaria de la Cámara Alta y posterga la resolución de asuntos institucionales clave para la gobernabilidad.
La urgencia principal de la titular del Senado, Victoria Villarruel, pasa por nombrar al secretario administrativo del cuerpo, una figura clave para la estructura de la “caja” y la gestión interna, antes de que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre. Este enfoque se produce en un contexto de debilitamiento de su liderazgo político, exacerbado por una estrategia comunicacional errática durante el último año. La vicepresidenta busca evitar que la decisión recaiga en la nueva conformación, especialmente considerando la potencial asunción de Patricia Bullrich como futura jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), lo que desplazaría a Villarruel de la interlocución directa con el Ejecutivo.
En el extremo opuesto, el Frente de Todos (FDT), liderado por José Mayans, se debate entre la necesidad de sanar las heridas post-electorales y forzar la discusión de temas que considera prioritarios. Un punto central de su agenda es insistir con la versión original del proyecto de ley que restringe la mecánica de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya había sido aprobado por el Senado, pero modificado por Diputados. No obstante, la bancada opositora carece de los dos tercios necesarios para habilitar la discusión “sobre tablas”, por lo que solo se limitará a dejar el despacho listo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la peronista disidente Alejandra Vigo.
Adicionalmente, la oposición maneja otros proyectos con potencial de acuerdo. Uno de ellos es la Defensoría del Niño, cuyo despacho ya cuenta con el aval de Diputados y se encamina a su votación, fruto de un acuerdo entre el radicalismo y el kirchnerismo. Según analistas legislativos, este avance es consecuencia de una “pésima estrategia” de LLA que, al no amortiguar la situación, le entregó una victoria a la oposición. También se mantiene en el aire la discusión por la distribución de las tres butacas que le corresponden al Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde el kirchnerismo pretende dos asientos y el PRO aboga por una repartija equitativa.
La tensión se intensifica en el ámbito administrativo. La intención de Villarruel de designar al secretario administrativo y la reciente firma de los decretos 573 y 574 con una “reformulada” estructura y nombramientos de supuesta confianza, ha desatado una “feroz guerra” con el principal gremio del Congreso, APL, y con el kirchnerismo. Senadores peronistas experimentados señalaron a la vicepresidenta de “acordar y después mandar a apretar gente”, en alusión a las acusaciones y renuncias de empleados legislativos que pusieron en alerta al sindicato, quien ahora teme por la continuidad de la histórica directora de Personal.
El panorama en el Senado sugiere que, ante la falta de una agenda de consenso y la prioridad de intereses sectoriales, la inacción podría extenderse hasta el recambio legislativo de diciembre. El oficialismo se encuentra en una encrucijada: o facilita una sesión para sus propios objetivos administrativos, abriendo la puerta a que la oposición avance con temas clave como la Defensoría del Niño, o bien opta por la estrategia de postergar la actividad hasta que Patricia Bullrich asuma como jefa de bloque, brindando a la Casa Rosada una interlocución más directa y un comando más firme para la negociación de la próxima etapa.
