La trama de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha escalado hasta el corazón del Ministerio de Economía, desencadenando la renuncia de Javier Cardini, quien se desempeñaba como Subsecretario de Gestión Productiva de la Nación. Su dimisión, presentada el pasado jueves por la noche, se produce en medio de una intensa presión política y la creciente difusión de detalles del expediente judicial, que lo vincula a la causa a través de su pareja, la exfuncionaria Ornella Calvete, tras el hallazgo de 700.000 dólares en efectivo en el domicilio que compartían en Puerto Madero.
La situación de Cardini se tornó insostenible desde que se conocieron los detalles del allanamiento ordenado por la Justicia Federal. Hasta su salida, el ingeniero industrial ocupaba un puesto clave en el organigrama de la Secretaría de Producción, bajo la órbita del ministro Luis Caputo. Su exposición mediática y judicial no solo se debía a su alto cargo, sino a su vínculo personal con Ornella Calvete, quien ya había renunciado días antes a su puesto en Hacienda. El dinero secuestrado en la vivienda se convirtió en la prueba material que precipitó la salida de ambos del ámbito estatal.
La investigación, liderada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se enfoca en una presunta red de corrupción que operaba en la ANDIS, involucrando el cobro de sobornos a droguerías y prestadores de servicios a personas con discapacidad. La trama apunta a que el principal operador de este circuito ilícito sería Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella Calvete, quien fue detenido en el marco de la causa. Los investigadores sospechan que la red se dedicaba a gestionar y acelerar trámites sensibles a cambio de contraprestaciones económicas ilegales.
La crisis generada por la causa ANDIS implica un costo político significativo para el Gobierno Nacional, que había enarbolado la bandera de la intransigencia frente a la corrupción. Cardini había llegado al Estado con un fuerte respaldo del círculo de confianza del presidente, incluido el influyente asesor Santiago Caputo, lo que eleva el perfil de la renuncia. Analistas políticos señalan que el Poder Ejecutivo se ve obligado a actuar con celeridad y firmeza para evitar que el escándalo erosione la credibilidad de la administración, especialmente en un área tan sensible como la discapacidad.
En el plano judicial, el hallazgo de los 700.000 dólares en el domicilio de la pareja es considerado un elemento probatorio central. Documentación y dispositivos electrónicos también fueron secuestrados durante los allanamientos simultáneos. Aunque los principales imputados, incluyendo Miguel Ángel Calvete, optaron por negarse a declarar en sus indagatorias, la Fiscalía cuenta con transcripciones de conversaciones telefónicas y chats que, según fuentes judiciales, sugieren la existencia de un circuito de recaudación y la mención de funcionarios clave en la estructura estatal.
La salida de Javier Cardini intenta descomprimir la presión mediática y política sobre el Ministerio de Economía, pero no clausura la investigación. Expertos en derecho penal económico anticipan que el foco de la Justicia ahora se centrará en desentrañar el origen y la trazabilidad de los fondos incautados, determinar el rol exacto de los exfuncionarios en la presunta red ilícita y establecer la magnitud real del esquema de coimas dentro de la estructura burocrática del Estado. El caso ANDIS promete continuar en la primera línea de la agenda judicial durante los próximos meses.
