El presidente Javier Milei intensificó su confrontación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, al utilizar activamente sus plataformas digitales para cuestionar la transparencia y el manejo institucional del fútbol nacional. Este renovado involucramiento del primer mandatario en la polémica deportiva se produce en un momento de alta sensibilidad en el ambiente futbolístico, marcado por controversias arbitrales y disputas internas, lo que eleva la tensión entre el poder político y la dirigencia deportiva.
La nueva arremetida del Gobierno se vehiculizó a través de la difusión de un informe estadístico que, según el oficialismo, evidenciaría ventajas arbitrales indebidas en favor del club Barracas Central. El análisis, compartido por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y avalado por Milei como un “demoledor resultado”, sugiere una correlación entre el ascenso de Tapia a la presidencia de la AFA y una mejora significativa e irregular en los resultados deportivos del mencionado club, un hecho que desató una tormenta de críticas en el ecosistema deportivo.
El trasfondo de esta disputa no es meramente deportivo, sino que se enmarca en una tensión política y económica preexistente. El principal contrapunto entre el Gobierno y la AFA ha sido la insistencia de la administración libertaria en promover la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como un modelo optativo para los clubes, iniciativa que Tapia y gran parte de la dirigencia del fútbol argentino rechazan de manera categórica, argumentando la defensa del modelo de asociación civil sin fines de lucro, un pilar histórico en la cultura futbolística local.
Las críticas del presidente no se limitan a la cuestión de las SAD y las sospechas de parcialidad arbitral. En el pasado, Milei ya había comparado la gestión de la AFA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en referencia a un controvertido adelantamiento de las elecciones en la entidad. Además, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió informes que pusieron en duda la legalidad de ciertos procedimientos internos de la AFA, una causa que, según fuentes del Gobierno, “seguirá su curso en la Justicia” como parte de la vocación reformista y desreguladora del Estado.
Expertos en derecho deportivo y gestión institucional señalan que el apoyo explícito del presidente a informes críticos sobre la AFA y su respaldo a clubes que se enfrentaron a la entidad, como Estudiantes de La Plata en una reciente polémica por un homenaje, buscan ejercer una presión política significativa. Este movimiento se interpreta como un intento de erosionar la autoridad de Tapia y abrir el debate sobre una necesaria reforma estructural en la administración del fútbol, que según el Gobierno, está plagada de “irregularidades y falta de transparencia”.
De cara al futuro inmediato, este cruce de acusaciones y la difusión de datos estadísticos prometen mantener la alta tensión entre la Casa Rosada y la AFA. Si bien el Ejecutivo ha negado la intención de intervenir la asociación, la insistencia presidencial en señalar supuestas anomalías y promover modelos de gestión alternativos, como las SAD, augura que la discusión sobre la transparencia y la forma jurídica de los clubes seguirá siendo un eje central en la agenda pública, obligando a la dirigencia del fútbol a responder a cuestionamientos cada vez más directos.
