La justicia del Chaco ha confirmado que la lectura de las sentencias y las penas definitivas para los integrantes del “Clan Sena”, vinculados al femicidio de Cecilia Strzyzowski, se postergará hasta el año 2026. Esta resolución prolonga el cierre de uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de Argentina, el cual ha entrelazado la violencia de género con el poder político regional. La decisión de estirar los plazos procesales responde a la complejidad de las instancias de apelación y a los tiempos técnicos necesarios para garantizar un fallo que resista las revisiones en tribunales superiores.
Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César Sena, junto a otros colaboradores, permanecen bajo estricta vigilancia judicial mientras la causa avanza hacia su etapa final. El caso, que comenzó con la desaparición de Cecilia en junio de 2023, ha pasado por múltiples etapas de recolección de pruebas biológicas, análisis de comunicaciones y testimonios clave que vinculan a la familia con la desaparición y posterior destrucción del cuerpo de la joven. Para los analistas judiciales, la demora hasta 2026 asegura que no existan vicios procesales que puedan ser utilizados por las defensas para anular el juicio.
El impacto social de esta noticia ha generado frustración en la familia de la víctima y en las organizaciones de derechos humanos, que exigen una justicia más expedita. No obstante, especialistas en derecho penal explican que, dada la gravedad de la imputación —homicidio agravado por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas—, el tribunal debe ser extremadamente riguroso en la redacción de los fundamentos. La estructura de poder que rodeaba a los Sena antes del crimen ha añadido una capa de dificultad adicional a la instrucción, requiriendo un aislamiento total de las presiones externas.
Durante el proceso, se han presentado pruebas contundentes que incluyen restos óseos hallados en propiedades de la familia y registros de cámaras de seguridad que contradicen las coartadas iniciales de los acusados. La fiscalía ha sostenido desde el inicio que se trató de un plan orquestado para eliminar a Cecilia debido a conflictos económicos y personales que la joven mantenía con el entorno de los Sena. Este análisis experto ha sido fundamental para mantener la prisión preventiva de los imputados, quienes han intentado en diversas ocasiones obtener beneficios de arresto domiciliario.
Desde una perspectiva política, el caso Strzyzowski marcó un antes y un después en la provincia de Chaco, influyendo directamente en el clima electoral y social del último año. La relación de los Sena con las esferas de poder estatal puso en duda la imparcialidad de las instituciones locales, lo que derivó en una intervención federal indirecta a través del seguimiento mediático nacional. La resolución de este conflicto judicial es vista como una prueba de fuego para la independencia del sistema penal chaqueño frente a los caudillismos regionales.
Hacia el futuro, el año 2026 se perfila como el momento de la verdad definitiva para las víctimas colaterales de este crimen. Aunque la espera resulte penosa para la opinión pública, el objetivo final es la aplicación de la prisión perpetua para los responsables materiales e intelectuales. El cierre de este caso no solo buscará dar consuelo a la familia de Cecilia, sino también sentar un precedente ineludible sobre la imposibilidad de que el poder político otorgue impunidad ante crímenes de lesa humanidad o violencia de género extrema.
