La decisión de postergar el debate de la reforma laboral en el Senado ha abierto un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT). Ante el freno parlamentario, la cúpula sindical ha anunciado que intensificará su estrategia de presión para introducir modificaciones sustanciales en el proyecto original, al que consideran lesivo para los derechos adquiridos. Esta pausa en el calendario legislativo es vista por el sindicalismo como una oportunidad política para negociar desde una posición de mayor fuerza, aprovechando las dudas de los sectores dialoguistas en la Cámara Alta.
Desde la sede de la calle Azopardo, los principales referentes gremiales sostienen que el texto actual no fomenta la creación de empleo genuino, sino que facilita el despido y precariza las condiciones de contratación. Según un comunicado interno de la central obrera, la CGT exigirá que cualquier reforma incluya protecciones específicas contra la tercerización abusiva y garantice la vigencia de los convenios colectivos de trabajo. El objetivo es desarticular los puntos más polémicos de la ley antes de que se retome su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias o al inicio del ciclo 2025.
Expertos en derecho laboral señalan que el Gobierno se encuentra en una encrucijada: ceder ante las demandas sindicales para asegurar la sanción de la ley o mantener la rigidez del proyecto para satisfacer las expectativas del sector empresario y los organismos internacionales. La postergación en el Senado no solo responde a la falta de votos, sino también a la necesidad del oficialismo de evitar un conflicto social de gran escala en un momento de sensibilidad económica. Mientras tanto, la CGT ha comenzado a articular una agenda de reuniones con bloques opositores para conformar un frente común de rechazo a los artículos más liberales.
En el entorno gubernamental, la lectura es distinta; consideran que la reforma es el pilar necesario para modernizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad que afecta a las pequeñas y medianas empresas. Fuentes oficiales indican que el Ejecutivo no está dispuesto a desvirtuar la esencia del proyecto, aunque admiten que podrían aceptarse “ajustes técnicos” en la reglamentación. Esta distancia entre las partes augura un verano de intensas negociaciones y, posiblemente, de medidas de fuerza aisladas por parte de los gremios más combativos que integran la central.
La implicancia política de este conflicto trasciende lo laboral y se mete de lleno en la interna de la oposición, donde los gobernadores peronistas actúan como mediadores entre el mandato de sus territorios y las exigencias sindicales. La presión de la CGT busca precisamente que estos mandatarios no brinden el quórum necesario sin antes asegurar las modificaciones solicitadas. En este sentido, la reforma laboral se ha convertido en la principal moneda de cambio de la política nacional, donde cada coma del texto legal representa un equilibrio de poder específico.
El escenario a futuro es de incertidumbre y alta volatilidad en la relación Gobierno-Sindicatos. Si la CGT logra imponer sus cambios, el Gobierno podría ver debilitada su imagen de firmeza ante los mercados; si el Ejecutivo logra avanzar sin modificaciones, el conflicto social podría escalar hasta comprometer la paz social necesaria para la recuperación económica. La resolución de esta puja en el Senado marcará el pulso de la gobernabilidad laboral en un año que se perfila como definitivo para las reformas estructurales del país.
