En una maniobra que combina pragmatismo político con estrategia parlamentaria, el oficialismo ha conseguido la firma del dictamen de la reforma laboral en las comisiones del Senado, aunque ha decidido postergar su tratamiento en el recinto hasta el mes de febrero. Esta decisión busca enfriar el clima de confrontación con los sectores gremiales y asegurar que la votación definitiva cuente con el respaldo necesario para evitar un revés legislativo. Al obtener el dictamen, el Gobierno deja el proyecto “listo para el despacho”, ganando tiempo para seguir negociando los puntos más sensibles con los bloques federales durante el receso estival.
El avance en el trabajo de comisiones fue posible gracias a una serie de concesiones mínimas en la redacción, relacionadas principalmente con las multas por trabajo no registrado y la figura del trabajador independiente. Según analistas parlamentarios, la Casa Rosada optó por esta vía para mostrar iniciativa y evitar que el proyecto perdiera estado público o impulso político. Sin embargo, la decisión de no llevarlo al recinto de manera inmediata revela que el conteo de votos aún no es lo suficientemente sólido como para garantizar una victoria sin sobresaltos.
Desde el Ministerio de Capital Humano y la jefatura de Gabinete se ha defendido la postergación como un gesto de “voluntad de diálogo” hacia la oposición constructiva. El objetivo del Gobierno es que febrero sea el mes del relanzamiento de las reformas estructurales, utilizando la reforma laboral como la punta de lanza de una agenda legislativa ambiciosa. No obstante, esta demora también otorga a los sectores críticos un plazo mayor para organizar su resistencia y buscar alianzas que puedan bloquear o modificar sustancialmente el texto en el plenario.
La reacción de las cámaras empresariales ha sido de cautela; si bien celebran la obtención del dictamen, manifiestan preocupación por la demora en la implementación de medidas que consideran urgentes para la competitividad. Por otro lado, los sectores más duros del sindicalismo interpretan la postergación como una debilidad del oficialismo y prometen mantener el estado de alerta. El contexto de enero, tradicionalmente más calmo en lo político, será utilizado por el Gobierno para realizar gestiones individuales con senadores clave de provincias que dependen de la asistencia financiera nacional.
En términos de procedimiento, el dictamen firmado mantiene la estructura central de la reforma, incluyendo la creación de fondos de cese laboral opcionales y la extensión del período de prueba. Estos puntos siguen siendo el eje del conflicto y serán los que definan la suerte de la ley en febrero. La estrategia del oficialismo de “estirar” los tiempos legislativos es una apuesta arriesgada: podría permitirle consolidar las mayorías necesarias, pero también corre el riesgo de que el clima social se deteriore y complique la votación final.
El cierre del año legislativo con un dictamen favorable permite al Gobierno finalizar el ciclo con una sensación de avance, a pesar de no haber concretado la sanción. El impacto real de esta reforma se verá supeditado a la capacidad de negociación que demuestre el Poder Ejecutivo en las próximas semanas. El mes de febrero se perfila ahora como la primera gran prueba de fuego del año electoral, donde la reforma laboral determinará si el Gobierno puede mantener la iniciativa o si debe ceder ante la presión de los actores tradicionales del poder en Argentina.
