Tras una semana de intensos debates y resultados mixtos en el Congreso, el Poder Ejecutivo ha iniciado un proceso de revisión interna para ajustar su agenda política de cara al inicio de 2026. La reciente sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo sufrió el rechazo de capítulos clave referidos a universidades y discapacidad, obligó a la mesa chica de la Casa Rosada a reordenar las prioridades. En este contexto, se ha decidido postergar el tratamiento de la reforma laboral para el 10 de febrero, buscando un espacio de mayor consenso con los sectores aliados y sindicales.
La reunión de coordinación, encabezada por el jefe de Gabinete y los principales ministros, analizó las fallas en la negociación con los gobernadores provinciales. A pesar de haber distribuido fondos millonarios en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el oficialismo se encontró con abstenciones y votos en contra de mandatarios considerados aliados, como los de Mendoza, Chaco y Entre Ríos. Esta situación ha generado un clima de reproches internos y la necesidad de “afinar la puntería” en la comunicación legislativa para evitar futuros bloqueos en temas críticos para la gestión.
En cuanto a la reforma laboral, denominada por el Gobierno como “modernización”, el retraso responde a la intención de “mejorar la redacción” de ciertos artículos que han generado fuerte resistencia en la Confederación General del Trabajo (CGT). Fuentes de la Casa Rosada admiten que están abiertos a escuchar sugerencias, siempre y cuando no se altere el objetivo principal de facilitar la generación de empleo privado. La ministra de Seguridad y referente legislativa del espacio, Patricia Bullrich, confirmó que este tiempo adicional servirá para consolidar un instrumento jurídico más robusto.
Paralelamente, el Gobierno mantiene su foco en la “Ley de Inocencia Fiscal”, a la que consideran la pieza legislativa más importante de la actual administración. El plan actual consiste en lograr el dictamen en el Senado antes de Navidad para tratarla conjuntamente con el Presupuesto 2026 el 26 de diciembre. La estrategia oficial busca cerrar el año con la hoja de ruta económica aprobada, para luego concentrar todo el capital político en las reformas estructurales del mercado de trabajo durante el período estival de sesiones extraordinarias.
El malestar del PRO, socio estratégico en el parlamento, también forma parte de la agenda de revisión. Las acusaciones de violación constitucional por el nombramiento de integrantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) han tensado la cuerda con el bloque que lidera Cristian Ritondo. Desde La Libertad Avanza entienden que deben reconstruir los puentes de confianza con sus socios para asegurar la gobernabilidad, especialmente en un escenario donde la oposición busca capitalizar cualquier síntoma de debilidad interna del oficialismo.
El panorama para los primeros meses de 2026 se perfila como un desafío de alta intensidad política. La administración de Javier Milei deberá demostrar capacidad de resiliencia y flexibilidad para transformar los traspiés legislativos en victorias parlamentarias. La proyección futura dependerá de si el Gobierno logra equilibrar su intransigencia fiscal con la pragmática necesaria para aprobar leyes en un Congreso donde, a pesar de sus avances, aún no cuenta con una mayoría propia automática.
