La alianza táctica entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa su momento más delicado tras la reciente designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN). Lo que comenzó como un acompañamiento legislativo programático se ha transformado en un escenario de desconfianza y acusaciones cruzadas de traición política. Desde las filas del partido fundado por Mauricio Macri, el malestar es palpable, asegurando que la “relación está rota” debido a lo que consideran una falta de cumplimiento en los acuerdos de gobernabilidad y reparto de espacios de control.
El conflicto escaló tras confirmarse que las designaciones en la AGN no contemplaron los nombres propuestos por el PRO, priorizando en cambio acuerdos que el oficialismo habría tejido con otros sectores de la oposición, incluyendo sectores del peronismo dialoguista. Para el macrismo, este movimiento representa un desconocimiento de su rol como socio principal en el Congreso y una señal de que el Poder Ejecutivo prefiere la atomización legislativa antes que consolidar una coalición sólida y previsible.
Fuentes cercanas a la conducción del PRO califican el accionar de La Libertad Avanza como “unilateral” y advierten que esto tendrá consecuencias inmediatas en el tratamiento de futuras leyes clave. El enojo radica en que el PRO ha brindado el soporte técnico y los votos necesarios para las iniciativas más ambiciosas del gobierno, esperando a cambio una participación institucional en los organismos de control que, por peso parlamentario, consideran propia. “Nos piden los votos para las leyes, pero pactan con el pasado para las cajas y el control”, señalaron voceros del bloque.
Desde el entorno presidencial, la respuesta ha sido de una pragmática frialdad, argumentando que las designaciones responden a la necesidad de construir mayorías circunstanciales para garantizar la operatividad del Estado. Sin embargo, analistas políticos sugieren que esta estrategia de “divide y reinarás” podría ser contraproducente a largo plazo. Sin el apoyo orgánico del PRO, el oficialismo queda expuesto a derrotas legislativas o a una dependencia extrema de sectores cuya lealtad es mucho más costosa y volátil.
La tensión también se traslada al plano electoral. Con las elecciones de medio término en el horizonte, la posibilidad de una lista unificada parece hoy más lejana que nunca. La dirigencia del PRO, presionada por sus bases y por su propia identidad partidaria, comienza a plantear una estrategia de “diferenciación necesaria”, buscando recuperar el perfil de centro-derecha institucionalista frente al estilo confrontativo y personalista que le achacan a la gestión libertaria en el manejo de las designaciones públicas.
El desenlace de esta crisis interna definirá la estabilidad del esquema de poder en los próximos meses. Si no se logra establecer una mesa de coordinación política real que trascienda la urgencia parlamentaria, el gobierno corre el riesgo de enfrentar una oposición mucho más férrea de parte de quienes, hasta hace poco, eran sus aliados más cercanos. La reflexión final en los pasillos del Congreso es unánime: la confianza es un recurso no renovable y, en política, los desaires en organismos de control suelen pagarse con parálisis legislativa.
