En una resolución judicial que sacude los cimientos de la dirigencia deportiva argentina, la Justicia ha ordenado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida, dictada en las últimas horas, busca arrojar luz sobre el patrimonio del dirigente y la trazabilidad de diversos movimientos financieros que han quedado bajo la lupa de los investigadores. Este paso procesal marca un punto de inflexión en las causas que rodean a la conducción del fútbol nacional, elevando la presión sobre su máxima autoridad.
La decisión se enmarca en una investigación que analiza presuntas irregularidades en contratos comerciales y el posible desvío de fondos relacionados con la entidad madre del fútbol local. Según fuentes judiciales, el peritaje sobre las cuentas de Tapia permitirá a los organismos de control cruzar datos sobre ingresos, consumos y tenencia de activos que, hasta el momento, se encontraban protegidos por el régimen de confidencialidad financiera. La medida alcanza no solo a sus cuentas personales, sino también a sociedades que podrían estar vinculadas directa o indirectamente con su entorno cercano.
Este avance judicial se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo de los derechos de transmisión y los acuerdos de sponsoreo firmados por la AFA en años recientes. Analistas del sector legal señalan que el levantamiento del secreto fiscal es una herramienta drástica que suele aplicarse cuando existen indicios suficientes de inconsistencias patrimoniales. El Ministerio Público Fiscal busca determinar si el crecimiento de los activos del dirigente guarda correlación con sus ingresos declarados, o si existen flujos de dinero no justificados provenientes de la estructura asociativa.
Desde el entorno de la calle Viamonte, el hermetismo es casi total, aunque fuentes ligadas a la defensa de Tapia sostienen que todas sus actividades se encuentran en regla y que se trata de una “persecución con tintes políticos”. Sin embargo, la magnitud de la medida sugiere que el juzgado interviniente ha encontrado elementos de sospecha que ameritan una auditoría profunda de sus finanzas. La orden incluye requerimientos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para obtener un historial detallado de las operaciones de los últimos ejercicios.
La situación del presidente de la AFA se vuelve aún más compleja dada la exposición internacional de la entidad tras los recientes éxitos deportivos de la Selección Nacional. El contraste entre la bonanza deportiva y las sombras en la gestión administrativa ha generado una polarización de opiniones en la opinión pública. Expertos en derecho penal económico advierten que los resultados de esta apertura de registros contables podrían derivar en nuevas imputaciones o, por el contrario, en el cierre de una de las líneas de investigación más sensibles para el poder futbolístico.
A corto plazo, el impacto de esta medida judicial podría afectar la estabilidad institucional de la AFA y sus relaciones con socios estratégicos y organismos internacionales. Si bien Tapia mantiene el control político interno de la asociación, el avance de la justicia penal introduce una variable de incertidumbre sobre su continuidad y el modelo de gestión actual. El futuro de la causa dependerá ahora de la celeridad con la que los bancos y entes reguladores remitan la información solicitada, la cual será clave para definir el destino procesal de uno de los hombres más poderosos del deporte argentino.
