Un episodio de alta tensión se registró este martes en el Aeroparque Jorge Newbery cuando Pablo Faraoni, empresario vinculado a la investigación por presuntas irregularidades en contratos de la AFA, fue interceptado por fuerzas de seguridad. En el momento en que los efectivos se dispusieron a identificarlo y cumplir con una orden judicial de secuestro de dispositivos electrónicos, Faraoni habría intentado descartar y dañar su teléfono celular. La maniobra fue rápidamente neutralizada por los agentes, pero el incidente ha añadido una carga de sospecha sobre el contenido de dicho dispositivo.
Faraoni, señalado como un nexo clave en la gestión de negocios publicitarios y de logística deportiva, se encontraba en la terminal aérea con aparentes intenciones de viajar cuando fue abordado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según testigos presenciales, el empresario mostró una actitud defensiva inmediata al percatarse del operativo. El intento de deshacerse del terminal móvil es interpretado por los investigadores como una posible conducta de obstrucción a la justicia, lo que podría agravar su situación procesal en el corto plazo.
La importancia de este secuestro radica en que el teléfono celular de Faraoni podría contener registros de comunicaciones, mensajes de mensajería instantánea y correos electrónicos que vinculen de manera directa a la dirigencia del fútbol con contratistas privados. Los peritos informáticos de la justicia federal trabajarán ahora en la recuperación de los datos, incluso si el aparato sufrió daños físicos durante el altercado. Este tipo de evidencia digital suele ser determinante en causas de corrupción o lavado de activos para reconstruir la cadena de mandos y decisiones.
El contexto de la interceptación se vincula directamente con los allanamientos simultáneos que se realizaron en diversas sedes vinculadas al fútbol argentino. Faraoni ha sido mencionado en varios informes de inteligencia financiera por su rol en empresas que obtuvieron contratos exclusivos de la AFA. Para los analistas judiciales, su reacción en Aeroparque es un síntoma de la sensibilidad de la información que la justicia está comenzando a recolectar. La fiscalía busca establecer si existían retornos económicos o sobrefacturación en las prestaciones de servicios que el empresario facilitaba.
Tras el incidente, Faraoni quedó a disposición de las autoridades para los trámites legales correspondientes, mientras que el dispositivo fue lacrado y enviado bajo cadena de custodia para su análisis. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que este tipo de maniobras de último momento rara vez logran su objetivo de eliminar la evidencia por completo, dada la tecnología forense actual. No obstante, el hecho de que un actor relevante en la causa intente ocultar pruebas de forma tan pública añade un componente dramático a una jornada ya de por sí convulsionada.
El episodio en Aeroparque marca un endurecimiento en las tácticas de la justicia para evitar la fuga de información sensible. A medida que la causa avanza, es probable que se sucedan nuevas medidas restrictivas sobre otros implicados en el círculo comercial de la AFA. La mirada queda ahora puesta en el juzgado interviniente, que deberá decidir si la conducta de Faraoni amerita medidas cautelares adicionales, mientras la opinión pública observa con atención el desmoronamiento de un esquema de poder que parecía inexpugnable.
