En un operativo de gran escala coordinado por la justicia federal, fuerzas de seguridad allanaron en simultáneo la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la calle Viamonte y el predio de entrenamiento “Lionel Andrés Messi” en Ezeiza. La medida busca recolectar documentación contable, contratos de sponsoreo y registros de movimientos de caja en el marco de una investigación que apunta a una presunta red de malversación de fondos y administración fraudulenta. El despliegue policial sorprendió a empleados y dirigentes en lo que representa la intervención judicial más profunda en la entidad de los últimos años.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal a cargo de la causa, tras recibir informes preliminares que sugieren inconsistencias en la adjudicación de derechos comerciales a empresas intermediarias. Durante el procedimiento, los efectivos de la Policía Federal Argentina se centraron en las áreas de tesorería y sistemas, procediendo al secuestro de computadoras, libros de actas y servidores. El objetivo primordial es reconstruir cómo se gestionaron los millonarios ingresos provenientes de los acuerdos firmados durante la gestión de Claudio Tapia, bajo la sospecha de que parte de esos recursos no habrían ingresado a las arcas de la institución.
El predio de Ezeiza, lugar que suele ser el búnker de la selección campeona del mundo, no quedó exento del escrutinio judicial. Allí, los investigadores buscaron pruebas relacionadas con las concesiones internas y los gastos operativos de mantenimiento que habrían sido facturados a través de sociedades fantasma o firmas vinculadas a familiares de los directivos. Según fuentes de la investigación, el contraste entre la excelencia deportiva que proyecta el predio y las posibles irregularidades administrativas detectadas en los libros contables es uno de los ejes centrales que motivaron los registros.
Este escenario de allanamientos múltiples se produce en medio de una tensa relación entre la conducción de la AFA y el Gobierno Nacional por el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Si bien la justicia actúa de manera independiente, la presión política sobre la transparencia en el fútbol ha alcanzado niveles máximos. Organismos de control como la Inspección General de Justicia (IGJ) han cuestionado previamente asambleas y resoluciones de la entidad, pero esta acción penal eleva el conflicto al plano de los delitos económicos, con posibles penas de prisión para los responsables.
Desde el punto de vista legal, la documentación incautada será sometida a un riguroso peritaje contable que podría durar semanas. La fiscalía ha puesto especial atención en la “Ruta del Dinero” de los contratos de merchandising y las giras internacionales del seleccionado nacional. Se sospecha que empresas con sedes en el exterior podrían haber sido utilizadas para triangular pagos y evadir controles impositivos locales. La gravedad de las imputaciones preliminares sugiere que el círculo íntimo de la dirigencia podría enfrentar citaciones a indagatoria en el corto plazo.
La jornada de allanamientos cierra un capítulo de incertidumbre y abre uno de definiciones legales que impactarán en la estructura del fútbol argentino. La AFA, que se ha jactado históricamente de su autonomía, se enfrenta ahora a un proceso de auditoría externa forzada que podría obligar a una renovación de sus cuadros directivos. Mientras la información continúa fluyendo, el mundo del deporte aguarda con expectativa los próximos pasos de una causa que promete revelar la cara oculta de los negocios detrás de la pasión popular.
