La reciente publicación de los datos de pobreza e indigencia por parte del INDEC ha reavivado una histórica controversia en el ámbito académico y social de Argentina. Mientras que el organismo oficial reporta una tendencia que el Gobierno interpreta como una estabilización, diversos centros de estudio privados y universidades sugieren que la realidad en los hogares es más crítica. La discusión no es solo numérica, sino metodológica, ya que cuestiona si la canasta básica actual refleja verdaderamente los hábitos de consumo y el impacto de la desregulación de los servicios públicos.
Expertos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y otras consultoras económicas han señalado que los cálculos alternativos arrojan niveles de pobreza superiores a los oficiales por un margen de entre 3 y 5 puntos porcentuales. La discrepancia radica, en gran medida, en la ponderación de los aumentos de tarifas de transporte y energía, que han crecido por encima del promedio de los alimentos en el último semestre. Para los analistas, la “foto” del INDEC podría estar omitiendo el fenómeno de los nuevos pobres: trabajadores formales cuyos salarios no alcanzan a cubrir los costos fijos de vida.
Desde el Ministerio de Economía, defienden la rigurosidad del INDEC y aseguran que cualquier intento de cuestionar las cifras responde a intereses políticos. Según fuentes oficiales, la metodología actual es la misma que se ha utilizado en los últimos años, lo que permite una comparación histórica válida. Argumentan que la baja de la inflación núcleo es el principal aliciente para que la pobreza comience a ceder, aunque admiten que el rezago entre la estabilización económica y la mejora del bienestar social es un proceso que lleva tiempo.
No obstante, sociólogos especializados en vulnerabilidad advierten que la medición por ingresos es insuficiente en un contexto de alta volatilidad. Proponen, en cambio, adoptar mediciones multidimensionales que incluyan acceso a la salud, calidad de la vivienda y niveles de educación. De acuerdo a un informe de organismos internacionales, Argentina enfrenta el desafío de una pobreza estructural que no desaparece únicamente con el control de precios, sino que requiere de políticas de empleo activas que el actual modelo de ajuste ha limitado.
La tensión se traslada también a la calle, donde las organizaciones sociales utilizan los datos alternativos para reclamar una actualización de las partidas de asistencia alimentaria. La brecha entre lo que dictan las estadísticas y la percepción ciudadana genera un clima de incertidumbre que impacta en las expectativas de consumo. Para el sector privado, esta falta de consenso estadístico dificulta la planificación a largo plazo, ya que la verdadera capacidad de compra de la población es una incógnita difícil de despejar bajo los parámetros actuales.
El cierre de este debate parece lejano, mientras el INDEC trabaja en una actualización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares para modernizar sus indicadores. El impacto futuro de esta discusión definirá la legitimidad de las políticas públicas de cara a las próximas contiendas electorales. En última instancia, la discusión técnica sobre los puntos de pobreza es el reflejo de una sociedad que lucha por definir su estándar de vida mínimo en medio de una transformación económica sin precedentes.
