Las entidades financieras de Argentina han elevado un pedido formal al Banco Central (BCRA) solicitando precisiones operativas y garantías legales sobre la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”. Este marco normativo busca incentivar que los ciudadanos depositen en el sistema bancario los dólares mantenidos fuera del circuito formal (el “colchón”), sin enfrentar penalidades tributarias severas. Sin embargo, los bancos han manifestado su preocupación respecto a las responsabilidades que les caben como agentes de retención y la compatibilidad de esta ley con las normativas internacionales de prevención de lavado de activos.
El núcleo del reclamo bancario reside en la ambigüedad de ciertos artículos relacionados con la trazabilidad de los fondos. De acuerdo con fuentes del sector, las instituciones necesitan saber con exactitud hasta qué punto deben investigar el origen de los fondos para no incurrir en incumplimientos ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La “Ley de Inocencia Fiscal” propone un perdón administrativo, pero los directivos bancarios temen que, en el futuro, cambios en la interpretación jurídica de la norma puedan exponer a las entidades a sanciones internacionales por falta de debida diligencia.
Expertos tributaristas señalan que para que el flujo de dólares hacia el sistema financiero sea masivo, la confianza debe ser absoluta tanto para el depositante como para la institución receptora. En años anteriores, planes de regularización similares tuvieron un éxito relativo debido a la percepción de inseguridad jurídica. En esta ocasión, los bancos insisten en que el BCRA debe emitir una circular detallada que blinde las operaciones, aclarando que la aceptación de estos depósitos no implicará contingencias legales para los bancos si se cumplen los protocolos básicos de identificación de clientes.
Desde el Ministerio de Economía, el objetivo de esta ley es robustecer los depósitos en moneda extranjera para mejorar la liquidez del sistema y, eventualmente, facilitar el otorgamiento de créditos hipotecarios y prendarios en dólares. El Gobierno estima que existen miles de millones de dólares fuera del sistema que podrían dinamizar la economía si fueran reinsertados en el circuito productivo. No obstante, la demora en las definiciones técnicas del Banco Central está actuando como un cuello de botella, manteniendo a miles de potenciales usuarios a la expectativa antes de movilizar sus ahorros.
La respuesta de los bancos también está influenciada por la necesidad de actualizar sus sistemas informáticos para procesar las declaraciones juradas vinculadas a la nueva ley. Las entidades han advertido que la implementación de un proceso de esta magnitud requiere de un tiempo de adecuación técnica que no fue contemplado en los plazos iniciales de la normativa. La falta de un manual de procedimientos estandarizado genera el riesgo de que cada banco aplique criterios distintos, provocando confusión entre los clientes y desalentando la formalización de los activos.
En conclusión, el éxito de la Ley de Inocencia Fiscal depende de una sincronización fina entre el regulador y las entidades operativas. El pedido de precisión de los bancos no es un mero trámite administrativo, sino una medida de autoprotección ante un sistema legal que suele ser volátil. En las próximas semanas, se espera que el Banco Central publique las resoluciones aclaratorias necesarias para despejar las dudas del sector privado, permitiendo finalmente que el flujo de divisas comience a alimentar nuevamente las reservas bancarias y la actividad crediticia nacional.
