El avance de la nueva reforma laboral en la agenda legislativa ha desatado una crisis interna de proporciones en la Confederación General del Trabajo (CGT), amenazando con fracturar la unidad de la cúpula sindical. Mientras los sectores denominados “dialoguistas” mantienen abiertos los canales de negociación con el Ejecutivo para moderar el impacto de los cambios, el ala más combativa exige un plan de lucha inmediato que incluya paros nacionales. Esta confrontación no es solo por las formas, sino por la supervivencia de la estructura gremial tradicional frente a un cambio de paradigma en las contrataciones y los convenios colectivos.
El epicentro del conflicto radica en puntos clave de la reforma, como la modificación de los regímenes de indemnización y la eliminación de multas por falta de registro laboral, medidas que el Gobierno considera esenciales para fomentar el empleo joven. Según consultores laborales, estas propuestas buscan reducir la litigiosidad, pero para el sindicalismo duro representan una pérdida inaceptable de derechos adquiridos. Informes internos de los gremios advierten que la aplicación de estas medidas podría debilitar la capacidad de presión de los sindicatos de base, alterando el equilibrio de fuerzas en las paritarias de 2026.
Desde el sector dialoguista, liderado por gremios de servicios y comercio, se argumenta que una confrontación total en este momento político sería contraproducente. Fuentes cercanas a la central obrera sostienen que la estrategia debe centrarse en “ceder para conservar”, intentando que el Gobierno no avance sobre las cajas de las obras sociales ni sobre la obligatoriedad de la cuota solidaria. Este pragmatismo choca frontalmente con la postura de los sindicatos de transporte y estatales, quienes consideran que cualquier concesión es una “rendición” que solo alentará mayores reformas en el futuro.
La polarización interna también tiene una lectura política de cara al armado electoral del próximo año. El ala dura busca alinearse con los sectores más críticos de la oposición para liderar la resistencia social, mientras que los moderados prefieren mantener un perfil técnico que les permita influir en la reglamentación de la ley una vez aprobada. Analistas políticos sugieren que esta división debilita la posición negociadora de la CGT ante un Gobierno que parece decidido a aprovechar la fragmentación sindical para acelerar su programa de transformaciones estructurales.
Las implicancias económicas de esta disputa son directas: el mercado financiero observa con atención la capacidad de la CGT para frenar o viabilizar la reforma, ya que de ello depende gran parte de las proyecciones de inversión para el segundo semestre. Por otro lado, la presión en las bases es creciente, con delegados de fábrica exigiendo definiciones claras ante la incertidumbre que generan los nuevos contratos de “aprendizaje” y la flexibilidad horaria propuestos. La cohesión de la central obrera se enfrenta a su desafío más severo desde la vuelta de la democracia, con el riesgo de una diáspora de gremios hacia nuevas centrales.
El desenlace de este enfrentamiento interno marcará el rumbo del mercado laboral argentino para la próxima década. Si el ala dialoguista se impone, es probable que veamos una transición ordenada pero con una CGT disminuida en su poder histórico; si triunfa el ala dura, el país podría ingresar en un periodo de alta conflictividad social que pondría a prueba la gobernabilidad. En cualquier caso, el sindicalismo argentino se encuentra ante la necesidad imperiosa de redefinir su rol en una economía que demanda mayor flexibilidad y donde las formas de trabajo tradicionales están desapareciendo.
