En un acto cargado de simbolismo político y defensa institucional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de manera integral el polémico proyecto de ley que pretendía reducir significativamente las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023. La decisión presidencial bloquea, por el momento, el intento del Congreso —de mayoría conservadora— de favorecer al expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en la trama que buscó subvertir el orden democrático tras las elecciones de 2022. El anuncio se realizó durante la ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero, reforzando el mensaje de que no habrá impunidad para quienes atacaron las sedes de los tres poderes.
El proyecto de ley, bautizado por sectores críticos como la “Ley de Dosimetría” o “Amnistía Disfrazada”, establecía mecanismos técnicos para recalcular las sentencias, impidiendo la acumulación de penas por delitos similares como el intento de abolición del Estado de derecho y el golpe de Estado. Bajo esta normativa, un reo condenado a casi tres décadas de cárcel, como es el caso de Bolsonaro, habría podido optar a beneficios carcelarios y una posible liberación en apenas poco más de dos años. Según analistas del sector jurídico brasileño, la propuesta legislativa buscaba agilizar la progresión de regímenes para que los implicados pasaran rápidamente de la prisión cerrada a un régimen semiabierto o domiciliario.
Durante su discurso en el Palacio del Planalto, edificio que fue saqueado por miles de bolsonaristas en 2023, Lula da Silva enfatizó que “el 8 de enero quedó marcado en nuestra historia como el día de la victoria de la democracia sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza”. El mandatario progresista defendió la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF), señalando que los acusados gozaron de juicios justos y transparentes, y que cualquier intento de flexibilizar sus condenas representaría un retroceso en la rendición de cuentas. En el evento, marcado por la ausencia de los líderes de ambas cámaras del Congreso, se escucharon consignas de “¡sin amnistía!” por parte de los asistentes y movimientos sociales presentes.+1
La situación procesal de Jair Bolsonaro es el eje central de esta disputa política. El expresidente, de 70 años, permanece encarcelado desde finales de noviembre de 2025 en la sede de la Policía Federal en Brasilia, luego de que la máxima corte rechazara recientemente un pedido de arresto domiciliario por motivos de salud. Según el Código Penal vigente, Bolsonaro debería cumplir al menos ocho años de prisión efectiva antes de solicitar cualquier tipo de beneficio. Expertos en ciencia política sugieren que el impulso de esta ley por parte de la oposición parlamentaria responde a un intento de recomponer el liderazgo de la derecha de cara a las elecciones de 2026, donde el bolsonarismo aún mantiene un núcleo de apoyo considerable.
A pesar del veto presidencial, la batalla legislativa no ha concluido, ya que el Congreso Nacional tiene la facultad constitucional de anular la decisión de Lula mediante una votación de mayoría absoluta. Legisladores aliados al expresidente ya han manifestado su intención de insistir con la norma, argumentando que las penas impuestas por el STF son “desproporcionadas” y poseen un tinte político. No obstante, el oficialismo confía en que la presión social y el peso institucional de la conmemoración de los ataques sirvan como un disuasivo para aquellos congresistas de centro que podrían dudar en validar una medida que la opinión pública asocia directamente con la impunidad.
El escenario futuro para Brasil sigue marcado por una profunda polarización. El veto de Lula no solo es una medida administrativa, sino una declaración de principios sobre la solidez del Estado democrático de derecho en un país que aún intenta sanar las heridas del asalto a sus instituciones. En los próximos meses, la atención se desplazará nuevamente a las cámaras legislativas, donde el destino de la condena de Bolsonaro y de otros 800 sentenciados por la asonada golpista se convertirá en el principal termómetro de la estabilidad política y la independencia de poderes en el gigante sudamericano.
