Una fractura inesperada ha surgido en el seno de la barrabrava de Boca Juniors, pero esta vez el conflicto no se originó por el control del paravalanchas o el reparto de entradas, sino por la explotación comercial del nombre de la hinchada. La apertura de nuevos emprendimientos gastronómicos bajo la identidad de “La 12”, realizados por fuera del esquema de negocios tradicional, ha encendido las alarmas en el club de la Ribera. Esta disputa legal y económica, que involucra a los máximos referentes de la tribuna, pone en riesgo el pacto de no agresión que se mantenía vigente desde 2016 y amenaza con trasladar la tensión a las gradas justo antes del inicio del torneo local.
El eje del conflicto reside en la propiedad intelectual de la marca. Rafael Di Zeo y su esposa, Mirta Carolina Condello, poseen el registro legal de “El Jugador Número 12”, habiendo cedido su exclusividad a un grupo gastronómico específico que ya opera locales de renombre, como el restaurante de Puerto Madero. Sin embargo, la aparición de nuevos bodegones y puntos de venta vinculados a otros sectores de la barra ha sido interpretada como una “usurpación” de ingresos. En la jerga interna, “comer” significa generar dividendos de actividades vinculadas al club; hoy, ese concepto se ha vuelto literal, transformando el derecho a vender milanesas y pastas en un activo de guerra económica.
Fuentes cercanas a la seguridad deportiva indican que el malestar escaló tras la judicialización del caso mediante el envío de cartas documento. Mauro Martín, el otro líder histórico, ha intentado distanciarse públicamente de los nuevos emprendimientos, buscando evitar una confrontación directa con las facciones de Di Zeo y Marcelo Aravena. No obstante, el equilibrio es precario: Martín también percibe beneficios indirectos por el alquiler de la marca oficial según los acuerdos de convivencia vigentes, y cualquier alteración en el flujo de caja de estos negocios podría romper la delicada estabilidad de la cúpula de “La Doce”.
La reacción de Di Zeo fue inmediata a través de sus canales de comunicación, aclarando que no tiene relación alguna con los locales “rebeldes” que utilizan la simbología de la barra sin autorización. Esta postura no es meramente legalista; busca proteger un modelo de negocios profesionalizado que incluye merchandising oficial y hasta una serie documental en proceso de producción. Según analistas del fenómeno de las barrabravas en Argentina, este nivel de institucionalización de sus negocios es inédito y marca un cambio de paradigma en cómo estos grupos gestionan su poder y su financiamiento.
La situación se torna crítica debido a la proximidad del calendario futbolístico. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sigue de cerca la evolución de esta “interna de los cubiertos”, ante el temor de que la disputa por las regalías gastronómicas derive en enfrentamientos físicos entre los bandos en los alrededores de La Bombonera. Si bien el conflicto parece civilizado por su carácter administrativo y judicial, la historia de las barras argentinas demuestra que los desacuerdos económicos suelen ser el preludio de reacomodamientos violentos por el control total del territorio.
Hacia el futuro, el desenlace de esta controversia sentará un precedente sobre la comercialización de la identidad de las hinchadas. Si la justicia ratifica la exclusividad de Di Zeo sobre la marca, el resto de los referentes deberá replegarse de sus proyectos comerciales o negociar una cuota de participación, lo que podría pacificar la interna o, por el contrario, generar un resentimiento que rompa definitivamente la unidad actual. Por ahora, la “paz de los restaurantes” pende de un hilo, y el inicio del campeonato será la prueba de fuego para determinar si el conflicto se queda en los expedientes o escala al asfalto.
