La interna del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ha entrado en una fase de definiciones críticas de cara a las elecciones de autoridades previstas para el 15 de marzo. En este escenario, la vicegobernadora Verónica Magario ha decidido pasar a la ofensiva mediante una campaña masiva de afiliaciones y la apertura de locales propios, un movimiento que busca consolidar el “Movimiento Derecho al Futuro” como una alternativa de poder real. Esta maniobra no solo intenta robustecer su base territorial, sino que también funciona como un mensaje directo hacia la conducción actual, bajo la órbita de Máximo Kirchner, en un momento donde la lealtad y el liderazgo partidario están bajo un riguroso examen.
El despliegue de Magario no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia coordinada con un sector de intendentes y ministros provinciales que responden directamente al gobernador Axel Kicillof. Según fuentes cercanas a la gobernación, el objetivo es garantizar una representación equilibrada en los padrones, evitando que la estructura de La Cámpora monopolice el control del proceso electoral. La carga de nuevas fichas de afiliación, que tuvo un límite operativo fijado para finales de diciembre, se ha convertido ahora en el principal foco de conflicto técnico y político, ya que cada sector busca validar su peso territorial ante la Junta Electoral partidaria.
Desde el entorno del kirchnerismo duro, la respuesta ha sido de cautela pero con advertencias claras sobre la validez de los procesos. La Cámpora ha recordado, mediante actas oficiales, que solo serán computadas aquellas afiliaciones que cumplieron con los plazos establecidos, intentando así frenar el avance de la “marea naranja” que impulsa la vicegobernadora. Esta tensión técnica encubre una disputa de fondo mucho más profunda: quién tendrá la lapicera para definir las candidaturas de 2027 y cuál será el grado de autonomía que el peronismo bonaerense tendrá respecto a la conducción nacional de Cristina Fernández de Kirchner.
Análisis especializados de la política provincial sugieren que esta aceleración en la suma de avales por parte de Magario es una herramienta de negociación necesaria para evitar una fractura total. Al mostrar músculo político propio, el sector alineado con Kicillof obliga al kirchnerismo a sentarse en una mesa de diálogo con términos de igualdad. La unidad, aunque sigue siendo el discurso oficial de ambos lados, hoy parece depender más de un reparto equitativo de cuotas de poder que de una coincidencia ideológica plena en torno a la gestión actual.
El cronograma electoral marca que el próximo 8 de febrero es la fecha límite para la presentación de listas, lo que deja un margen estrecho para las negociaciones de cúpula. El intendente Leonardo Nardini, quien preside la Junta Electoral del PJ, se encuentra en una posición de mediador clave para evitar que las impugnaciones de padrones escalen a la justicia electoral, lo cual podría empañar la legitimidad del proceso. Mientras tanto, en los distritos, la militancia percibe este clima de “guerra fría” interna como una etapa necesaria para revitalizar un partido que necesita redefinir su identidad opositora.
Hacia el futuro, el desenlace de esta puja en el PJ bonaerense marcará el termómetro de la resistencia del kicillofismo frente al esquema tradicional de conducción verticalista. Si Magario logra imponer sus condiciones o al menos forzar una lista de unidad con fuerte representación propia, el tablero político nacional del peronismo sufrirá un desplazamiento de su eje de gravedad. El impacto de estas decisiones se sentirá no solo en las urnas de marzo, sino en la capacidad de reconfiguración de un peronismo que, por ahora, parece más enfocado en sus divisiones internas que en articular una respuesta unificada frente al gobierno central.
