El interbloque de Unión por la Patria en el Senado atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre política desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A pesar de mantener una mayoría relativa, la falta de una hoja de ruta clara para enfrentar proyectos clave como la Reforma Laboral ha generado cortocircuitos internos y reproches cruzados entre sus integrantes. Mientras el Poder Ejecutivo acelera las negociaciones con gobernadores para fragmentar el bloque opositor, el kirchnerismo y los sectores más dialogistas del peronismo no logran unificar una postura que les permita retomar la iniciativa parlamentaria en este inicio de 2026.
La tensión se hizo evidente tras la aprobación del Presupuesto 2026, donde el oficialismo demostró una notable capacidad para construir mayorías circunstanciales aprovechando las fisuras del peronismo. Dentro del bloque conducido por José Mayans, las críticas apuntan a una “pasividad peligrosa” y a una dependencia excesiva de comunicados en redes sociales que no se traducen en acciones legislativas concretas. Senadores de distintas provincias han manifestado su preocupación por la demora en integrar comisiones estratégicas y en definir una contrapropuesta sólida a las reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada.
De acuerdo con analistas legislativos, el Gobierno ha identificado esta debilidad y ha puesto en marcha una “diplomacia de billetera” con los jefes provinciales, buscando que sus representantes en la Cámara Alta voten de manera diferenciada. Figuras como Jorge Capitanich han intentado proponer alternativas técnicas a la reforma laboral, advirtiendo que el proyecto oficialista agrava problemas estructurales en lugar de resolverlos. Sin embargo, estas iniciativas individuales chocan con un sector del bloque que se muestra más proclive a la resistencia testimonial que a la negociación de cambios que favorezcan a sus distritos.
El descontento interno también se alimenta de una comparación con la Cámara de Diputados, donde el bloque peronista ha mostrado una mayor capacidad de reacción y articulación política desde finales del año pasado. “En Diputados se movieron mucho más que nosotros”, confiesan fuentes parlamentarias del interbloque de senadores, reconociendo que la falta de un liderazgo nacional indiscutido tras las derrotas electorales ha dejado al Senado en un estado de parálisis táctica. Esta situación es aprovechada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha sabido capitalizar las divisiones opositoras para avanzar con el cronograma de sesiones extraordinarias.
En términos económicos y sociales, la falta de una estrategia unificada del peronismo en el Senado deja un vacío de representación para los sectores que se ven afectados por las políticas de ajuste. Al no existir un bloque cohesionado que actúe como contrapeso, el oficialismo tiene el camino despejado para intentar sancionar leyes de alto impacto en febrero, antes del inicio del periodo ordinario. La presión de la CGT y otros movimientos sociales sobre los senadores peronistas es cada vez mayor, exigiéndoles que actúen como la última barrera de contención frente a la agenda de desregulación económica.
La proyección para las próximas semanas es de una confrontación que podría derivar en una ruptura definitiva del interbloque si no se alcanzan consensos mínimos sobre el rol de la oposición. La reunión de la mesa política prevista para mediados de enero será determinante para saber si el peronismo en el Senado logrará recuperar la verticalidad necesaria para bloquear las reformas más ambiciosas del Ejecutivo o si, por el contrario, terminará diluyéndose en una serie de voluntades individuales negociadas directamente con la Casa Rosada. El futuro de la legislación laboral y fiscal del país depende, en gran medida, de la capacidad del peronismo para resolver este laberinto de identidades y estrategias contrapuestas.
