El proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ha sufrido un revés institucional de gran calado después de que el Parlamento Europeo decidiera paralizar su avance. La Eurocámara ha aprobado remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si el tratado es plenamente compatible con los tratados fundamentales de la comunidad y con los estándares medioambientales vigentes. Esta decisión introduce un factor de incertidumbre legal en una negociación que se ha extendido por más de dos décadas y que busca crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.
La medida responde a la creciente presión de sectores agrícolas europeos, particularmente de Francia y España, y de organizaciones ecologistas que cuestionan el impacto del acuerdo en la biodiversidad y el clima. Según analistas de política comercial en Bruselas, la principal preocupación radica en si las cláusulas de salvaguarda ambiental son suficientes para garantizar que las importaciones de productos sudamericanos no fomenten la deforestación. El recurso ante el TJUE busca determinar si el acuerdo, en su formato actual, vulnera el principio de precaución y los compromisos del Pacto Verde Europeo.
Desde el bloque del Mercosur, la noticia ha sido recibida con cautela pero también con un evidente malestar diplomático, dado que los países miembros habían realizado concesiones significativas para cerrar el pacto. Expertos en relaciones internacionales señalan que esta parálisis judicial podría interpretarse como una maniobra dilatoria por parte de las potencias europeas que enfrentan fuertes protestas internas de sus productores rurales. El envío del texto a la justicia comunitaria implica que, en el mejor de los casos, la firma final se pospondrá varios meses o incluso años, dependiendo de la celeridad del tribunal.
El trasfondo económico del acuerdo es masivo: se estima que la eliminación de aranceles podría ahorrar a las empresas europeas cerca de 4.000 millones de euros anuales en impuestos de exportación. Sin embargo, el Parlamento Europeo se encuentra dividido entre quienes ven en el Mercosur un aliado estratégico necesario para reducir la dependencia de China y quienes consideran que la apertura comercial supondría una competencia desleal para el sector primario europeo. El dictamen judicial será vinculante y definirá si el tratado requiere modificaciones estructurales antes de poder ser sometido a votación definitiva.
Históricamente, el acuerdo UE-Mercosur ha sido blanco de críticas por la asimetría de las economías involucradas y la falta de capítulos vinculantes sobre derechos laborales y sostenibilidad. En este sentido, la intervención del Tribunal de Justicia se percibe como un paso necesario para dotar al acuerdo de una legitimidad jurídica incuestionable en un contexto de creciente proteccionismo global. Informes previos del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo ya habían advertido sobre posibles colisiones normativas que este proceso judicial ahora deberá clarificar de forma oficial.
La proyección a corto plazo sugiere un enfriamiento de las relaciones comerciales bilaterales mientras se aguarda el veredicto desde Luxemburgo. Si el TJUE detecta incompatibilidades con los tratados comunitarios, el acuerdo podría quedar herido de muerte o requerir una renegociación parcial que los países del Cono Sur no parecen estar dispuestos a aceptar. Por el momento, el tablero geopolítico queda en suspenso, reafirmando que, en la Unión Europea actual, la política comercial ya no puede disociarse de las estrictas exigencias de seguridad jurídica y estándares climáticos.
