El Gobierno argentino atraviesa una etapa de cautela y expectativa tras los recientes movimientos en el Parlamento Europeo, que han ralentizado la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La administración de Javier Milei, que ha manifestado una firme voluntad de apertura comercial, oscila hoy entre la preocupación por las trabas burocráticas en el Viejo Continente y la necesidad estratégica de no someter un texto “en abstracto” a la votación del Congreso Nacional. Esta parálisis legislativa responde a la decisión de la Eurocámara de remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría dilatar los plazos de implementación de manera significativa.
La delegación argentina que participó recientemente en el Foro de Davos mantuvo conversaciones con representantes de diversos países europeos para sondear el clima político tras el entendimiento alcanzado en Paraguay semanas atrás. Según fuentes diplomáticas, la principal inquietud radica en una cláusula unilateral que podría suspender beneficios arancelarios en sectores sensibles hasta que se resuelvan cuestiones de fondo. Para la Casa Rosada, este escenario plantea un dilema: avanzar con la ratificación local podría ser un gesto político de confianza, pero también un riesgo si el texto final sufre modificaciones sustanciales por presiones de los sectores agrícolas europeos, especialmente en Francia e Italia.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se insiste en que el acuerdo debe ser tratado por el Congreso, pero admiten que la prioridad actual es garantizar que lo aprobado en América del Sur tenga un correlato idéntico en las instituciones europeas. “No podemos votar algo que todavía no tiene una forma definitiva y segura en la contraparte”, señalan analistas del sector, advirtiendo que la remisión al tribunal europeo podría extender la incertidumbre entre 18 y 24 meses. Este impase técnico ha generado que el oficialismo ponga un freno a la urgencia legislativa que mostró a principios de enero, priorizando la seguridad jurídica del tratado.
El contexto económico refuerza la necesidad de este pacto, dado que el Mercosur busca desesperadamente nuevos mercados para su producción agroindustrial y de servicios. No obstante, las cámaras industriales locales mantienen un perfil de alerta, señalando que la competencia con el bloque europeo será feroz en un marco de caída de la producción interna. El Gobierno, por su parte, confía en que la estructura jurídica elegida por la Comisión Europea permita aplicar partes del tratado de forma provisional, sorteando parcialmente el bloqueo del Parlamento, aunque esta es una herramienta que aún genera fuertes resistencias políticas en Estrasburgo.
La situación se vuelve más compleja ante la postura de países como Brasil y Uruguay, que también observan con escepticismo las idas y vueltas de Bruselas. La estrategia argentina parece ser la de esperar señales claras antes de movilizar su propia maquinaria legislativa. Expertos en comercio internacional sugieren que votar el acuerdo ahora en el Congreso argentino sería un movimiento simbólico que no garantiza la apertura de mercados si Europa no logra resolver sus internas. Por ello, la orden en los pasillos de Balcarce 50 es monitorear los fallos judiciales europeos y las presiones de los “farmers” galos, que siguen siendo el principal escollo para el libre comercio.
A futuro, el éxito del acuerdo Mercosur-UE dependerá de la capacidad de los bloques para mitigar las asimetrías y superar las trabas proteccionistas que han marcado los últimos 25 años de negociación. Mientras tanto, el Gobierno argentino continuará su labor de lobby en foros internacionales, intentando que el tratado no se convierta en una pieza de museo diplomático. La proyección para los próximos meses indica un enfriamiento del debate parlamentario local, a la espera de un escenario más nítido que permita convertir las intenciones de apertura en una realidad económica tangible y segura para los exportadores nacionales.
