La Inspección General de Justicia (IGJ) ha puesto bajo la lupa las recientes explicaciones presentadas por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respecto a las inconsistencias detectadas en los balances contables de la entidad. A pesar del intento de la dirigencia de la calle Viamonte por subsanar las observaciones técnicas, el organismo fiscalizador considera que las respuestas son insuficientes y no logran esclarecer el origen y destino de diversas partidas presupuestarias. Este nuevo capítulo profundiza la crisis administrativa de la institución madre del fútbol nacional, poniendo en riesgo la estabilidad de su actual gestión ante la posibilidad de nuevas sanciones.
El conflicto técnico se centra en la justificación de ingresos extraordinarios y contratos de patrocinio que, según los peritos de la IGJ, carecen de la documentación respaldatoria necesaria para cumplir con los estándares de transparencia exigidos a las asociaciones civiles. Fuentes cercanas al organismo dirigido por Daniel Vítolo indicaron que se está analizando formalizar un pedido de “mayores precisiones”, lo que obligaría a la AFA a abrir sus libros contables de manera más detallada. La falta de claridad en los números presentados ha generado un clima de sospecha que trasciende lo deportivo para instalarse en el terreno de lo jurídico y lo contable.
Desde el entorno de la AFA sostienen que las aclaraciones enviadas cumplen con los plazos y formas establecidos, atribuyendo la presión de la IGJ a una supuesta persecución política vinculada a la disputa por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, especialistas en derecho administrativo señalan que las observaciones de la IGJ son de carácter estrictamente técnico y que cualquier entidad de la magnitud de la AFA debe estar sujeta a un escrutinio riguroso. La resistencia de la asociación a brindar detalles adicionales podría derivar en una declaración de irregularidad administrativa, lo que complicaría la validez de las últimas asambleas.
La situación se agrava al considerar el contexto de reelección de Tapia, la cual fue cuestionada por el Gobierno Nacional desde su origen. La IGJ ya había advertido previamente sobre vicios en los procedimientos de convocatoria, y la debilidad en los balances contables actuales funciona como un nuevo frente de batalla. En los pasillos de la Casa Rosada se sigue de cerca el avance de la inspección, entendiendo que una contabilidad poco clara es el argumento más sólido para intervenir o, al menos, forzar una reestructuración interna en el manejo de los fondos del fútbol profesional argentino.
A nivel económico, la incertidumbre institucional comienza a preocupar a los socios comerciales y proveedores de la AFA. Un balance observado por la autoridad máxima de control puede limitar el acceso a créditos internacionales y enfriar las negociaciones por derechos de transmisión, fundamentales para el financiamiento de los clubes. Según expertos del sector corporativo, la falta de transparencia contable en una entidad que maneja millones de dólares anuales es una señal de alerta para los mercados y para los organismos internacionales como la FIFA y la CONMEBOL, que exigen altos estándares de gobernanza.
El desenlace de este conflicto técnico-administrativo marcará un precedente en la relación entre el Estado y las organizaciones deportivas. Si la IGJ decide avanzar con el pedido de precisiones y la AFA no logra satisfacer las demandas, la justicia podría verse obligada a intervenir para garantizar la transparencia institucional. Por el momento, la pelota está en el campo de la IGJ, que en los próximos días emitirá un dictamen definitivo que podría ratificar las observaciones o, por el contrario, dar paso a una tregua temporal en esta prolongada disputa por el control y la fiscalidad del fútbol argentino.
