En un giro estratégico que redefine el tablero político de cara al calendario electoral, Cristina Fernández de Kirchner ha decidido retomar una actividad pública intensa, marcando el inicio de una ofensiva política del sector más cercano a su figura. El kirchnerismo anunció que, a partir de febrero, lanzará una campaña nacional bajo la consigna de su “liberación”, denunciando lo que consideran una persecución judicial sistémica que busca proscribir a la ex mandataria. Este movimiento no solo busca aglutinar a la militancia propia, sino también presionar a las estructuras internas del Partido Justicialista (PJ) en un momento de fuertes tensiones de liderazgo.
El despliegue territorial previsto para el próximo mes incluirá actos en las principales provincias y una fuerte presencia en redes sociales y medios de comunicación afines. Según fuentes del Instituto Patria, la narrativa se centrará en la “ilegitimidad” de los procesos judiciales que enfrentó la ex presidenta, vinculándolos con un plan de disciplinamiento para los líderes populares de la región. La estrategia busca instalar el tema en la agenda pública antes del vencimiento de plazos clave para la presentación de listas electorales, enviando un mensaje directo tanto a la justicia como al Gobierno de Javier Milei.
Dentro del peronismo, el regreso de Cristina Fernández genera reacciones diversas. Mientras que figuras como Juan Grabois han sido enfáticos en que cualquier candidatura del frente debe garantizar un compromiso con el indulto o la revisión de sus causas, otros sectores alineados con gobernadores mantienen una distancia prudencial. No obstante, la centralidad de la ex vicepresidenta obliga a todos los actores del espacio a posicionarse, complicando los intentos de renovación que impulsaban sectores moderados del PJ Bonaerense y del interior del país, quienes abogan por una etapa post-kirchnerista.
El contexto de esta campaña también está marcado por la relación fría con el gobernador Axel Kicillof, cuya gestión se ve tironeada entre la lealtad histórica y la necesidad de construir un proyecto propio con autonomía. Los analistas políticos sugieren que la movilización de febrero busca “marcar la cancha” y asegurar que cualquier estrategia de unidad pase necesariamente por el filtro de la ex jefa de Estado. La polarización, herramienta que ha servido a ambos extremos del arco político, vuelve a presentarse como el eje ordenador de la confrontación pública argentina.
Desde el punto de vista legal, la campaña por la liberación se enfrenta a un escenario complejo, dado que las sentencias en su contra han avanzado en distintas instancias. Sin embargo, para el núcleo duro del kirchnerismo, la batalla no es jurídica sino eminentemente política. Argumentan que la proscripción de su líder vicia de nulidad el sistema democrático actual, una tesis que buscarán instalar con fuerza en las calles durante las próximas semanas para condicionar el humor social y la gobernabilidad del oficialismo nacional.
La proyección de este conflicto sugiere un primer trimestre del año de alta intensidad política. El impacto de la campaña se medirá en la capacidad de convocatoria y en el grado de adhesión que logre dentro de un peronismo que aún no termina de lamer sus heridas tras la derrota de 2023. Si la movilización logra reactivar el entusiasmo de las bases, Cristina Fernández reafirmará su rol de gran electora; de lo contrario, podría profundizar las fracturas internas en un movimiento que busca desesperadamente un rumbo claro frente al avance del libertarismo.
