El Gobierno nacional ha consolidado un núcleo de negociación legislativa, denominado la “mesa política”, con el objetivo de destrabar las reformas de segunda generación en un Congreso altamente fragmentado. Este equipo, integrado por figuras clave del Ejecutivo y los bloques aliados, se ha convertido en el motor de la gobernabilidad de Javier Milei, permitiendo que proyectos de desregulación y privatizaciones avancen a pesar de la resistencia opositora. La relevancia de este órgano reside en su capacidad para transformar el mandato técnico del Ministerio de Economía en acuerdos políticos viables, evitando las parálisis parlamentarias que caracterizaron los primeros meses de gestión.
La dinámica de trabajo de este equipo legislativo combina la rigidez fiscal del Ejecutivo con la flexibilidad necesaria para la política territorial. Según fuentes parlamentarias, la mesa funciona como un filtro de doble vía: por un lado, traduce las exigencias de equilibrio financiero para los gobernadores; por otro, recoge las demandas regionales para introducirlas en la letra chica de las leyes. Este mecanismo de relojería política ha permitido que el oficialismo mantenga una cohesión inusual, apoyada en una comunicación directa con las segundas líneas de los ministerios nacionales.
Desde el análisis experto, se destaca que el éxito de esta mesa radica en la coordinación entre el jefe de Gabinete y los líderes de las cámaras legislativas. A diferencia de esquemas anteriores, este grupo opera con un enfoque de “gestión por resultados”, donde cada artículo negociado es evaluado por su impacto en el déficit fiscal. Según informes de consultoras políticas, esta metodología ha reducido el tiempo de tratamiento de las leyes compleiales en un 30%, otorgando al mercado señales de previsibilidad que han sido bien recibidas por los organismos de crédito internacional.
El rol de los gobernadores aliados ha sido fundamental en esta estructura. A cambio de apoyo legislativo, el Gobierno ha facilitado la reactivación de obras de infraestructura críticas y la renegociación de deudas provinciales. Esta “realpolitik” ha generado tensiones con los sectores más duros de la oposición, quienes denuncian una cooptación de las voluntades provinciales. Sin embargo, para el Poder Ejecutivo, este es el único camino posible para desmantelar la estructura burocrática del Estado sin recurrir a decretos de necesidad y urgencia permanentes.
A nivel de datos duros, la mesa política ha logrado sancionar en lo que va del periodo más de doce leyes clave que modifican desde el régimen laboral hasta el sistema impositivo. La transparencia de estos acuerdos, aunque cuestionada por sectores críticos, es defendida por el oficialismo como una “nueva forma de institucionalidad” que deja atrás la discrecionalidad política. La eficacia de este equipo será puesta a prueba nuevamente con el próximo tratamiento del Presupuesto plurianual, donde se definirán los techos de gasto para las áreas sociales.
Hacia el futuro, el desafío de la mesa política será mantener la unidad frente al inminente año electoral. La proyección indica que, a medida que se acerquen los comicios, los incentivos para cooperar podrían disminuir entre los aliados que buscan diferenciarse del Ejecutivo. No obstante, la consolidación de este espacio de negociación representa un cambio de paradigma en la relación Ejecutivo-Legislativo, sugiriendo que la “arquitectura Milei” ha logrado construir puentes sólidos donde antes solo había confrontación ideológica.
