La suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo irrumpió en una reunión de diputados oficialistas en Caracas para exigir la liberación inmediata de su yerno, secuestrado por el régimen desde hace más de 14 meses en Venezuela sin información oficial sobre su paradero, sin acceso a defensa privada y sin contacto con su familia.
El episodio se produjo durante un encuentro interno de la Asamblea Nacional, donde Yalitza del Valle García, abogada y madre de María Alexandra Gómez —pareja de Gallo—, obtuvo autorización excepcional para ingresar y exponer el caso. Frente a los legisladores chavistas, relató el recorrido iniciado en diciembre de 2024 para intentar conocer el destino del ciudadano argentino, arrestado en un paso fronterizo y mantenido desde entonces en una situación que la familia califica como desaparición forzada.
“Esperé mucho este momento”, afirmó García al comenzar su exposición, de acuerdo a la desgrabación del encuentro. Se presentó formalmente ante los diputados y recordó que su yerno fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio del Táchira, cuando ingresaba a Venezuela con una carta de invitación firmada y visada por ella. Detalló que todos los documentos estaban en regla y que el viaje tenía fines exclusivamente familiares.
Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, había viajado desde su país para reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño en Puerto La Cruz, ciudad natal de García, en el estado Anzoátegui. El plan era permanecer en Venezuela hasta fin de año y luego regresar a Argentina, pero eso nunca ocurrió.
“Su único delito es ser gendarme”, sostuvo García ante los parlamentarios. “Pero no venía como gendarme, venía como ciudadano argentino”.
Desde el momento de la detención, la familia asegura no haber recibido información oficial sobre su situación procesal, su estado de salud ni el lugar donde se encuentra. Tampoco pudo comunicarse con su entorno ni recibir visitas. García explicó que, al no ser familiar directa, las autoridades le niegan datos formales y tampoco le permitieron ejercer como abogada defensora.
“Soy su suegra, no soy familia directa, no me dan información. Pero también soy abogada y quise ejercer la defensa privada. Se me prohibió”, expresó.
Según su testimonio, los primeros días posteriores al arresto estuvieron marcados por incertidumbre absoluta. En San Antonio del Táchira, los funcionarios le indicaron que debía trasladarse a distintos organismos sin brindarle precisiones. Recorrió en moto desde San Cristóbal hasta la frontera, visitó dependencias de la Guardia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Ministerio Público, sin obtener respuestas.
En medio de esa búsqueda, García relató uno de los episodios más impactantes de su intervención: un vecino le sugirió consultar a un hombre identificado como integrante de una organización guerrillera. Según García, ese desconocido sabía más sobre el paradero de su yerno que las autoridades venezolanas.
“Se lo llevaron para Caracas”, señaló el hombre, según su relato. “Sabía más él que la Guardia Nacional”, enfatizó ante los diputados.
A partir de esa información informal, decidió viajar a la capital. Desde enero de 2025, permanece de manera intermitente en Caracas intentando destrabar el caso por distintas vías institucionales.
García denunció también haber sido objeto de seguimientos, intimidaciones y presiones. Uno de los episodios más delicados ocurrió el 25 de diciembre de 2024, cuando asistió junto a su hija a una iglesia para rezar por la liberación de Gallo. Según narró, una patrulla de contrainteligencia las siguió y permaneció durante semanas frente a su residencia
