La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la CTA y diversas organizaciones sociales, encabezó este miércoles una multitudinaria movilización hacia las inmediaciones del Congreso de la Nación. El objetivo central de la protesta es manifestar un rechazo rotundo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que comenzó a ser debatido hoy en las comisiones de la Cámara de Diputados. Para el arco sindical, esta iniciativa representa un retroceso histórico en materia de conquistas laborales, mientras que desde el oficialismo se defiende como el motor necesario para la reactivación del empleo formal en el sector privado.
El despliegue de las columnas gremiales comenzó desde temprano, afectando la circulación en las principales arterias del centro porteño y activando el protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La tensión fue creciendo a medida que las agrupaciones intentaban avanzar sobre la Plaza del Congreso, en un clima marcado por cánticos contra las políticas económicas del Ejecutivo y advertencias sobre la profundización de las medidas de fuerza. Dirigentes de la central obrera señalaron que el proyecto no solo busca flexibilizar las condiciones de contratación, sino que también debilita la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.
En el plano político, la movilización funciona como una demostración de fuerza dirigida tanto al Gobierno como a los legisladores de los bloques opositores que aún no han definido su postura. Según analistas parlamentarios, la presión en la calle busca condicionar el quórum y el tratamiento de los artículos más sensibles de la norma. Mientras tanto, en el interior del palacio legislativo, los representantes de los trabajadores han solicitado ser escuchados en las audiencias de comisión para exponer los puntos que consideran inconstitucionales y regresivos para la clase media y los sectores más vulnerables.
Desde el sector empresarial, en cambio, se ha manifestado una postura cautelosa pero favorable a ciertos cambios que reduzcan la litigiosidad laboral. Representantes de diversas cámaras sectoriales han argumentado en informes recientes que el actual marco normativo actúa como una barrera para la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esta visión contrapuesta alimenta la polarización que se vive en las calles, donde los manifestantes sostienen que la “modernización” planteada por la Casa Rosada no es más que una quita de derechos básicos garantizados por la Constitución.
La jornada estuvo marcada por una fuerte presencia de efectivos de las fuerzas federales, quienes montaron un anillo de seguridad para evitar cortes totales de calles y garantizar el ingreso de los diputados al recinto. A pesar de los intentos de mantener el orden, se registraron momentos de fricción entre manifestantes y la policía, lo que derivó en detenciones aisladas y el uso de elementos disuasivos. Voceros gremiales denunciaron lo que consideraron una “criminalización de la protesta social”, mientras que las autoridades gubernamentales reafirmaron que no se permitirá el bloqueo de la circulación pública bajo ninguna circunstancia.
El desenlace de esta jornada de protesta marcará el ritmo de las negociaciones políticas para las próximas semanas. Si el oficialismo logra avanzar con el dictamen de mayoría, es probable que la CGT convoque a un nuevo paro nacional, escalando un conflicto que ya trasciende lo estrictamente laboral para convertirse en una disputa por el rumbo del modelo económico del país. La atención se mantiene fija en el Congreso, donde se define si el proyecto sufrirá modificaciones estructurales o si el Gobierno mantendrá su núcleo intacto pese a la resistencia sindical en el espacio público.
