La administración de Donald Trump se encuentra ante una encrucijada estratégica que podría definir la estabilidad de Medio Oriente para la próxima década. Con una armada masiva ya posicionada en la región, la pregunta que domina los círculos de inteligencia en Washington es cuál será el siguiente paso si la diplomacia fracasa. Según un análisis profundo publicado recientemente por The Economist, el presidente estadounidense enfrenta un dilema: cumplir sus amenazas de “rescatar” a los manifestantes iraníes y frenar el programa nuclear de Teherán, o evitar una guerra a gran escala que prometió no repetir durante su campaña electoral.
Las opciones de ataque que baraja la Casa Blanca varían en intensidad y alcance. En el extremo más conservador se encuentran los llamados “ataques simbólicos” contra instalaciones militares vacías o infraestructuras de defensa aérea, diseñados para enviar una señal política sin provocar una respuesta masiva. Sin embargo, analistas advierten que tales acciones rara vez logran cambios políticos significativos. En el otro extremo, se contempla una ofensiva aérea quirúrgica dirigida contra los centros de investigación nuclear y las bases de la Guardia Revolucionaria, una maniobra que, aunque técnicamente posible debido a la superioridad tecnológica de EE. UU., conlleva el riesgo de una represalia iraní a través de sus aliados en Líbano y Yemen.
Uno de los mayores obstáculos para Trump es la falta de un objetivo final claro. Mientras que en redes sociales el mandatario ha sugerido que “el fin de la República Islámica está cerca”, en la práctica no existe un plan de contingencia para un vacío de poder en Irán. El uso de la fuerza militar para apoyar protestas civiles es un terreno inexplorado y peligroso; la historia reciente muestra que la intervención extranjera a menudo fortalece el nacionalismo en torno al régimen atacado. Además, figuras como el economista Yanis Varoufakis han señalado que cualquier bombardeo sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU sería considerado ilegal bajo el derecho internacional, complicando el apoyo de los aliados europeos.
En el plano económico, la vulnerabilidad de Estados Unidos radica en el Estrecho de Ormuz. Irán posee la capacidad de desplegar minas navales, drones suicidas y misiles antibuque que podrían paralizar el tránsito del 20% del petróleo mundial. Una guerra breve, como la que algunos halcones en Washington imaginan, podría transformarse rápidamente en una crisis energética global que afectaría los mercados financieros y dispararía la inflación en Occidente. Este factor es, irónicamente, la mayor póliza de seguro de Teherán frente a una invasión terrestre, una opción que la administración Trump ha descartado casi por completo por su altísimo costo político y humano.
La industria armamentística, por el contrario, parece ser la única beneficiaria clara de esta escalada. Cada despliegue de portaaviones como el USS Gerald R. Ford y cada hora de vuelo de los cazas F-35 representan una transferencia masiva de fondos públicos hacia contratistas de defensa. Mientras las negociaciones en Ginebra avanzan de forma errática, el gasto militar continúa en ascenso, alimentando una maquinaria de guerra que, una vez puesta en marcha, es difícil de detener. El equilibrio entre la presión económica de las sanciones y la amenaza militar efectiva es, en este momento, el juego de póker más arriesgado de la presidencia de Trump.
En última instancia, el éxito de la estrategia de Trump dependerá de su capacidad para convencer a los líderes iraníes de que el costo de no negociar es superior al costo de capitular. Con la llegada de nuevos refuerzos navales y el incremento de la vigilancia electrónica, Estados Unidos ha construido una “inmensa armada” que busca la rendición psicológica del adversario. No obstante, si el régimen de Alí Khamenei decide no inmutarse, Trump podría verse obligado a elegir entre una retirada que dañe su imagen de fortaleza o una intervención que podría arrastrar al mundo a un conflicto de proporciones impredecibles.
