El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó rápidamente a los detenidos tras los incidentes ocurridos el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de los jubilados.
Acusaciones contra la jueza Andrade
El Gobierno ha acusado a la magistrada de cometer los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado. La denuncia se basa en la decisión de Andrade de liberar a 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.
El Ministerio de Seguridad argumenta que la jueza actuó de manera arbitraria al interferir indebidamente en un procedimiento de flagrancia, el cual es competencia exclusiva de la Fiscalía. En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, la jueza liberó a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía.
Violación de las normas procesales
Además, la jueza permitió que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que contraviene el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece que los defensores oficiales solo pueden intervenir si son expresamente designados.
Antecedentes de los detenidos
Entre los detenidos que fueron liberados, había personas con antecedentes penales por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que agrava aún más la actuación de la jueza Karina Andrade.
La denuncia especifica que Andrade no verificó las pruebas ni los antecedentes de los detenidos antes de ordenar su liberación, lo que contraviene la legislación vigente. Este caso recayó en el Juzgado Federal N° 1, bajo la magistratura de María Servini.
La justificación de la jueza Andrade
En su resolución, la jueza justificó su accionar al señalar la falta de espacio en los centros de detención. Sin embargo, este argumento fue refutado, ya que existían lugares disponibles en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal.
En declaraciones radiales, Andrade explicó que no fue una decisión “trasnochada”, sino que priorizó el derecho a manifestarse. También admitió que no analizó los antecedentes penales de los detenidos porque, en esa instancia, solo correspondía verificar si existía algún pedido de captura vigente.
El impacto de la decisión judicial
El Ministerio de Seguridad considera que la decisión de la jueza de liberar a los detenidos carece de fundamento legal y pudo haber colaborado en el encubrimiento de los delitos cometidos durante los disturbios. Además, la denuncia sostiene que la intervención de Andrade contribuyó a que los imputados pudieran eludir la acción de la Justicia.
Solicitudes del Gobierno
El Ministerio de Seguridad solicitó que se inicie un sumario penal por los delitos denunciados y que se recojan las pruebas pertinentes, incluida la documentación audiovisual de los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos el 12 de marzo de 2025. Este caso sigue siendo investigado, dado que los disturbios dejaron un saldo de más de una docena de policías heridos y daños materiales graves en el espacio público.
Además, la denuncia incluye un pedido de que el fuero federal se encargue de los hechos, dado que involucran delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, situaciones que afectan directamente el orden democrático y constitucional del país.
