El juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió este domingo hacer lugar a la solicitud presentada por los dirigentes gremiales Julio Piumato, Maia Volcovinsky y Walter Alejandro Gramajo, y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que se encargue de coordinar el operativo de seguridad para la marcha de jubilados, programada para el próximo miércoles.
En el fallo, Gallardo indicó que la Policía de la Ciudad deberá estar al frente de la organización de la custodia de los manifestantes, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, deberá abstenerse de intervenir, salvo que se trate de “intereses federales”. El juez fundamentó su decisión en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en el riesgo de lesiones a los derechos fundamentales de los participantes en la protesta.
Gallardo argumentó que el riesgo de violencia y abuso por parte de las fuerzas federales es “cierto y razonablemente previsible” debido a los incidentes ocurridos en marchas anteriores, en particular en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se registraron intervenciones excesivas de las fuerzas de seguridad. El juez también advirtió sobre la actitud del gobierno nacional, que ha mostrado una intervención excesiva en la CABA bajo el pretexto de aplicar protocolos de seguridad, lo que, según él, afecta la autonomía porteña.
En respuesta a la medida, los dirigentes gremiales de la CGT y la UTEP, quienes habían solicitado la cautelar, expresaron su satisfacción con la resolución. Maia Volcovinsky, cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT, destacó la importancia de que la Policía de la Ciudad sea la encargada del operativo para evitar la repetición de situaciones de represión que involucraron a la Policía Federal y otras fuerzas nacionales en marchas anteriores.
Volcovinsky también resaltó que el Gobierno de la Ciudad no había solicitado la intervención de las fuerzas federales en esta ocasión, lo que hace que su despliegue en manifestaciones anteriores haya excedido sus funciones. La resolución judicial establece que las fuerzas federales se limitarán a custodiar los “objetivos federales” definidos de manera específica, y su presencia estará restringida a esos puntos, evitando su intervención en el ejido urbano circundante.
El fallo llega en un contexto de alta tensión en el país, ya que la marcha de los jubilados se realiza en vísperas de un paro general anunciado por la CGT para el jueves, lo que añade una carga simbólica a las movilizaciones.
