El empresario Pablo Otero, conocido como el “señor del Tabaco”, y su empresa Tabacalera Sarandí, están en el centro de una disputa judicial con la Corte Suprema de Justicia por el presunto impago de aproximadamente 2 mil millones de dólares en impuestos internos a los cigarrillos durante los últimos ocho años.
La controversia gira en torno a la constitucionalidad de una ley que establecía un impuesto mínimo (equivalente al 70% del precio de venta, con un piso) para los cigarrillos. Tabacalera Sarandí inició un reclamo contra la AFIP en 2018, argumentando la inconstitucionalidad de esta norma. Mediante medidas cautelares y fallos favorables, la empresa logró evitar el pago de este tributo durante años, lo que le permitió vender sus marcas populares (Master Red, Red Point, Kiel) a precios más bajos y captar el 35% del mercado.
Aunque la Corte Suprema ya revocó las medidas cautelares que protegían a Otero y suspendió fallos de fondo que lo habilitaban a no pagar, la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del impuesto aún no está definida. Para resolver esto, la Corte, que cuenta con tres miembros, ha convocado a tres conjueces (debido a la excusación de uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti), para conformar un tribunal de cinco jueces.
Si la Corte declara la inconstitucionalidad del impuesto, Otero no deberá pagar la deuda, lo que podría generar reclamos al Estado por parte de las empresas que sí lo abonaron. Por el contrario, si el impuesto es declarado válido (a pesar de que la ley fue derogada por la Ley Bases), Otero deberá pagar la deuda reclamada por la AFIP, aunque se espera que continúe con acciones judiciales.
La puja también tuvo un fuerte componente político, ya que se intentó eliminar un capítulo de la Ley Ómnibus original para favorecer a Tabacalera Sarandí, pero este fue reincorporado y aprobado en la Ley Bases con una cantidad sugestiva de abstenciones.
