La marcha universitaria de hoy martes que se concentrará en Plaza de Mayo promete ser masiva y presentar un foco de resistencia al plan de ajuste del presidente Javier Milei incluso más fuerte que el que intentan representar los sindicatos y la oposición en el Congreso, al poner en el centro de la escena el financiamiento de la educación superior pública.
La existencia de la universidad pública es casi un emblema de la Argentina y una de las pocas cosas que cosecha un apoyo transversal entre distintos espacios políticos a los que Milei enfrenta con mayor o menor intensidad. El recorte presupuestario que ejecutó el Gobierno y que ahora intenta compensar con un aumento del 140% -todavía en negociación- tocó ese nervio.
El Presidente incluyó a la universidad pública en el ajuste fiscal que defiende a capa y espada como único método para solucionar los acuciantes problemas económicos del país, incluso apelando a la cadena nacional para ello. En ese sentido, la movilización convocada por autoridades, profesores, estudiantes y profesionales graduados es un desafío concreto a la política central del mandatario.
Cómo será la marcha universitaria
La UBA se puso al frente de la movilización por su importancia a nivel nacional y su proyección internacional en materia de educación. “Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos los que nos une”, señaló la convocatoria a través de las redes sociales.
Se prevé que la marcha universitaria a Plaza de Mayo sea muy grande y el Gobierno pone el foco en la “motivación política”
Mediante el uso del hashtag #YoVoy, la UBA reforzó la convocatoria para concentrarse en el Congreso a las 15:30 y marchar desde allí a la Plaza de Mayo donde, a las 18:00, se leerá un comunicado consensuado entre las distintas universidades nacionales.
Además de estudiantes, autoridades y miles de graduados -entre los que seguramente habrá figuras reconocidas o famosas- de la marcha participarán actores políticos de peso como la CGT, las dos CTA, dirigentes de la UCR, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y hasta el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Esa lista de presencias que se fueron confirmando con el correr de los días muestra la expectativa que hay en la oposición de que la convocatoria de las universidades sea superior a la de cualquiera de esos espacios políticos, incluso a la movilización que realizó la CGT el 24 de enero pasado, en su primer paro general contra el gobierno de Milei.
“El Gobierno, como todo gobierno liberal valora la educación publica, laica y federal, y lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo ser un faro educativo en América. Lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares como son las universidades sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio”, afirmó el lunes el vocero presidencial Manuel Adorni.
De esta manera, el gobierno de Milei intenta no ir al choque frontal de la universidad pública como emblema, consiente de que la movilización puede ser la más grande que le haya tocado ver, pero sí presentarla como una herramienta de la “casta política” contra la cual trata de direccionar a la opinión pública. La presencia de dirigentes partidarios en la marcha le es útil en ese sentido.
Esta estrategia no está desconectada de la bandera del ajuste fiscal sin contemplaciones que sostiene Milei y que, con inocultable “timing”, lo motivó a brindar un mensaje por cadena nacional horas antes de la movilización para exaltar el superávit fiscal que esa política, a la que las universidades tratan de ponerle un límite, le permitió alcanzar en el primer trimestre.
Los focos de tensión: auditoría y operativo antipiquetes
En ese contexto el Gobierno pone en juego otros dos elementos que generan tensión, uno sobre la pelea de fondo y otro sobre la movilización misma: la posibilidad de auditar los fondos que la Nación le gira a las universidades y la aplicación del protocolo antipiquetes para evitar los cortes de calles.
El subsecretario de Política Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, advirtió que “hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar” porque “la fiscalización del gasto en las universidades esta en la ley de Educación Superior”. El jefe de Estado hizo propio este mensaje en la red social X.
Mientras el oficialismo intenta generar apoyo a esta iniciativa a través de las redes -su campo de acción predilecto- las universidades, con la UBA a la cabeza, la rechazan con el argumento de que este control sobre el presupuesto y los gastos ya lo llevan a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General (AGN).
El acuerdo que no fue y los alcances políticos de la marcha
El Gobierno anunció días atrás una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. El ministro de Capital Humano que encabeza Sandra Petovello dispuso un aumento del 70% en marzo que llevaría la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075 millones mensuales.
En ese esquema anunció otro 70% para mayo, con lo que alcanzaría los $14.224 millones mensuales, lo que daría un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926 millones, además de una partida extraordinaria para los hospitales universitarios por una suma de $14.403 millones.
El Ejecutivo había presentado esto como un “acuerdo”, pero la UBA lo desmintió. Las autoridades indicaron que se había tratado apenas de un “ofrecimiento” y que esa asignación de recursos es “insuficiente”.
