Enfatizando que sin recursos económicos no habrá producción de petróleo ni gas en la región.
A través de la firma conjunta de seis líderes provinciales, se ha reiterado el llamado a Milei para que resuelva la cuestión de los fondos de coparticipación, transporte y educación pendientes.
Desde el cambio de administración en las provincias patagónicas, los gobernadores, a pesar de sus afiliaciones políticas divergentes, han mantenido una alianza para abordar una agenda común. En esta ocasión, han vuelto a insistir en la deuda de fondos de la Nación hacia la región, especialmente destacando el caso de Chubut, donde afirman que el Ministerio de Economía retuvo ilegalmente una suma considerable, afectando significativamente los recursos mensuales de coparticipación.
En un comunicado conjunto, los gobernadores subrayan la preexistencia de las provincias frente a la Nación y demandan respeto, rechazando cualquier intento de sometimiento o extorsión mediante la retención de fondos públicos. Además, denuncian la retención ilegal de recursos destinados al transporte público, financiados por impuestos sobre los combustibles y asignados específicamente a ese fin.
El comunicado concluye con una advertencia contundente: si los fondos no son entregados, Chubut retendrá su producción de petróleo y gas. Consideran que quitar más de un tercio de la coparticipación de una provincia es una acción criminal con la intención de forzar decisiones políticas y socavar el sistema federal.
El reclamo de los gobernadores patagónicos ha recibido el respaldo de otros líderes provinciales, como Axel Kicillof, Gerardo Zamora y Martín Llaryora, quienes han expresado su solidaridad y apoyo a través de las redes sociales.
En cuanto al tema del transporte, la Justicia Federal de Chubut ha intervenido suspendiendo la reducción de subsidios, reconociendo la importancia de mantener el fondo compensador para garantizar la viabilidad del sistema de transporte de pasajeros en la región.
Además, otras provincias como La Rioja y Misiones han recurrido a la Corte Suprema de Justicia para reclamar fondos pendientes, especialmente relacionados con la educación, considerando que la discontinuidad de ciertos programas representa una violación a la ley y un desafío al estado de derecho.
