Estamos presenciando, con estupor, una presión mediática sin precedentes sobre la
Corte Suprema de Justicia, para proscribir la participación de Cristina Fernández de
Kirchner en las próximas elecciones. Existen antecedentes históricos de
proscripciones de líderes populares en Latinoamérica y nuestro país, con el caso
emblemático del peronismo en el siglo pasado, donde se prohibió desde pronunciar
el apellido Perón, hasta su participación en elecciones democráticas, luego del
golpe de Estado de 1955.
Como claro y nefasto antecedente en Latinoamérica, vivimos la -entre otras-, injusta
proscripción de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, al que la justicia lo envió a la cárcel por
580 días y le impidió participar de las elecciones presidenciales de 2018 que
consagró al derechista Jair Bolsonaro como Presidente de Brasil
La denominada “Causa Vialidad” estuvo plagada de irregularidades desde sus
inicios, con graves acusaciones de parcialidad tanto de los fiscales como de los
jueces intervinientes en contra de Cristina Fernández de Kirchner, tal el caso del
Fiscal Diego Luciani y el Camarista Federal Mariano Llorens quienes integraban el
mismo equipo de fútbol que jugaba en la quinta presidencial con el ex Presidente
Mauricio Macri, causa motorizada a instancias de denuncia de uno de sus
funcionarios.
La evidente parcialidad de estos funcionarios judiciales en contra de la ex
presidenta, haría que la “Causa Vialidad” sea de nulidad absoluta, y amerite un
estudio profundo para evitar cometer una injusticia de enorme trascendencia
institucional.
Y de los trascendidos judiciales que conocen de cerca este proceso, hablan de
irregularidades marcadas en el enjuiciamiento, como la no consideración del
consenso unánime de los peritos afirmando que no hubo sobreprecios, ninguna
prueba directa de intervención, firma ni decisión ejecutiva específica en obras, ni
tampoco llamados telefónicos o conversaciones por medios electrónicos que la
involucren a la Ex Presidenta, como las imputaciones parciales y sobreseimientos
selectivos. Por caso, no fueron imputados ni los miembros del Congreso que
aprobaron el presupuesto de la obra pública destinada a Santa Cruz, ni el Jefe de
Gabinete responsable de la ejecución presupuestaria, ni el Ministro de Planificación,
responsable de la obra pública nacional, ni los responsables de las licitaciones en
Santa Cruz.
Así las cosas, todos hablan que la probable prisión de la Ex Presidenta estaría dada
por la aplicación del Art. 280 del CPCCN, que le permitiría a la Corte Suprema
rechazar el recurso interpuesto sin necesidad de expresar ningún argumento o
motivación que justifique el fallo, solo su discrecionalidad y considerando que la
causa es insustancial, con falta de agravio suficiente o lo peor,que carece de
“trascendencia “, cuando es evidente la enorme trascendencia institucional, lo que
descartaría la aplicación de dicha norma y debería obligar a la Corte a la
consideración del Recurso interpuesto para tal fin.
El deber de motivar las resoluciones es una garantía jurídica primigenia, que otorga
credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática, so
pena de considerar dicha resolución arbitraria, que no explicita cuáles fueron los
hechos, motivos y normas en que se basó la justicia para tomar su decisión, que
hacen a la garantía del debido proceso y de acceso a la justicia.
Por todo lo expuesto, surge a las claras que estamos ante una sentencia política
para proscribir la participación electoral de la ex Presidenta, generando un peligroso
precedente de intervención del Poder Judicial por fuera de las atribuciones
conferidas por la Constitución Nacional, impidiendo el ejercicio de sus derechos
políticos a ser elegida y el derecho de los ciudadanos a elegirla.
Finalmente, si la Corte Suprema llegara a tomar medidas con tal celeridad, luego del
anuncio de la candidatura de la ex Presidenta, dejaría en evidencia que los tiempos
judiciales dependen de las necesidades del poder real.
Como nuevo espacio político, que aspira a renovar las prácticas políticas para
resolver los problemas de nuestro pueblo, no podemos quedar como meros
espectadores de la destrucción de la República y hacemos público nuestro repudio
a la posible condena a nuestra ex Presidenta.
PRIMERO CHACO
