La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaron un duro informe en el que apuntan al Gobierno argentino por el «mayor retroceso ambiental» desde el regreso de la democracia.
Se trata del primer Informe de Regresiones Ambientales, un documento en el que analizan las medidas adoptadas por la administración actual de Javier Milei, desde diciembre de 2023.
Según el relevamiento, el país atraviesa “el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación democrática».
«Mayor retroceso ambiental»: el duro informe sobre la situación argentina
El informe sostiene que, en nombre de la libertad económica, la actual administración implementa un “programa de saqueo planificado”.
En esa línea menciona a distintas iniciativas como la derogación de leyes, el vaciamiento o disolución de organismos públicos, la entrega de recursos naturales y la criminalización de quienes defienden el agua, la tierra y la vida.
Entre los casos más graves, se acusa al Gobierno de privatizar ríos, por la promoción de la minería a cielo abierto y el debilitamiento de los controles sobre desmontes, incendios e inundaciones.
“Hay que dejar registro de lo que está ocurriendo”: qué dice el documento
Enrique Viale, presidente de la AAdeAA, explicó que el documento, de más de 80 páginas, recopila medidas tomadas desde el inicio de la gestión. Como el paso del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, recortes presupuestarios en la lucha contra incendios, ataques a la ciencia y el desmantelamiento institucional.
“Cuando las cosas se borran de un plumazo, tardan décadas en recuperarse. Por eso lo documentamos”, señaló Viale. Además, adelantó que el informe lo enviarán al Poder Ejecutivo, al Congreso y a organismos internacionales.
«Negacionismo climático» y «persecución política», las denuncias del informe
El relevamiento denuncia que el presidente Milei y parte de su gabinete sostienen posturas negacionistas sobre la crisis climática y sus causas humanas. Incluso, menciona que el presidente del CONICET, Daniel Salamone, difundió en varias ocasiones mensajes afines a esas posiciones en sus redes sociales.
El documento también detalla el avance de los combustibles fósiles, el aumento de la minería de litio y metálica, el desmantelamiento de normativas ambientales y el uso de inteligencia estatal para «persecución política».
Asimismo, enumera el cierre o debilitamiento de organismos clave como el Ministerio de Ambiente, INTA, INA, ACUMAR, INAI y la Dirección Nacional de Emergencias, junto con la disolución de la Dirección Nacional de Agroecología, INAFCI, INASE y ENOHSA.
La desaparición de estas instituciones, advierte el informe, deja «sin respaldo técnico y financiero a políticas de conservación y gestión ambiental». Además, denuncia que leyes y fondos destinados a proteger ecosistemas fueron eliminados o modificados, mientras normas como la Ley Bases y el RIGI se consolidan como herramientas para “legalizar el despojo”.
Inundaciones en Bahía Blanca
Al informe lo presentarán primero ante la Cámara de Diputados, el Senado y foros internacionales como el Acuerdo de Escazú.
“El negacionismo climático no es una anomalía, es el proyecto”, concluye el documento. Además, llama a frenar el desmantelamiento de las políticas ambientales y a construir un futuro basado en la justicia ecosocial, la participación democrática y la protección de la vida.
