El gobierno presentó los lineamientos generales del Presupuesto 2026, revelando una drástica reconfiguración de la política social que generará un profundo debate en el Congreso y en la sociedad. El documento oficial proyecta que la asistencia directa del Estado llegará a 22.5 millones de argentinos, una cifra que representa una reducción de 1.3 millones de beneficiarios en comparación con la gestión anterior. Este ajuste, justificado por el Gobierno como una medida de “racionalización” y “optimización” de los recursos, tiene implicaciones directas en la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población y pone de manifiesto la intención de reducir el rol del Estado en materia de bienestar.
La disminución de la asistencia social se enmarca en el objetivo central del plan económico de la administración actual: alcanzar el déficit cero. Para lograrlo, el Gobierno ha optado por un recorte del gasto en todas las áreas, incluyendo los programas de ayuda. El documento oficial sugiere que las reducciones no afectarán a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, pero sí impactarán en programas de ayuda alimentaria, subsidios a la energía y otros beneficios que no se consideran prioritarios. El foco, según el Ministerio de Economía, estará en evitar la duplicación de ayudas y en la lucha contra la intermediación.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. La oposición y diversas organizaciones sociales han expresado su preocupación por la falta de un plan de contención social ante los efectos de la recesión y la alta inflación. “Reducir la asistencia en un contexto de caída del poder de compra es una receta para agravar la pobreza y la desigualdad”, sostuvo un referente de una organización no gubernamental. La gran incógnita es cómo el Gobierno planea compensar la falta de asistencia para esos 1.3 millones de personas.
Expertos en políticas sociales advierten que la reducción del gasto social puede tener un efecto contraproducente. Una mayor precarización de los sectores más vulnerables podría derivar en un aumento de la conflictividad social, un factor que, a largo plazo, podría afectar la estabilidad económica. “El ajuste fiscal es necesario, pero debe ser gradual y sin sacrificar las necesidades básicas de la población. La frialdad de los números del presupuesto no siempre refleja la realidad de las familias”, señaló un sociólogo especializado en pobreza.
El debate en el Congreso se anticipa tenso. La oposición ya ha anunciado que presentará propuestas para modificar la asignación de recursos y evitar recortes en áreas clave. El oficialismo, por su parte, deberá negociar con los legisladores para que el proyecto sea aprobado y no pierda la esencia de su plan de ajuste. La discusión sobre el Presupuesto 2026 no será solo una cuestión de números, sino una batalla política y social que definirá el futuro del país.
En conclusión, el Presupuesto 2026 de la actual administración marca un punto de inflexión en la política social argentina. La reducción de la asistencia a 1.3 millones de personas es una apuesta arriesgada que podría traer importantes consecuencias. El gobierno se enfrenta al desafío de demostrar que su plan de ajuste es sostenible sin sacrificar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El tiempo y la evolución de los indicadores sociales dictarán el veredicto sobre esta audaz estrategia fiscal.
