El sector productivo argentino se encuentra en una de sus crisis más profundas, con datos que revelan una brutal contracción de la economía. En los últimos 19 meses, el país ha registrado la pérdida de más de 15.000 empresas y 220.000 puestos de trabajo formales en el sector privado, una caída sostenida que refleja las graves dificultades que enfrentan la industria y los servicios. Los datos, provenientes de informes oficiales, encienden las alarmas sobre el futuro de la actividad económica y el bienestar de los trabajadores.
La pérdida de empleo y el cierre de empresas son el resultado directo de una recesión prolongada, marcada por la inflación, la caída del poder adquisitivo y una alta presión impositiva. La falta de demanda, la suba de los costos de producción y la imposibilidad de acceder a financiamiento en condiciones razonables, han forzado a miles de Pymes a bajar sus persianas, dejando a miles de trabajadores en la calle.
Según un reciente informe de un organismo oficial, la caída de la actividad económica se ha profundizado en los últimos trimestres, afectando de manera dispar a los diferentes sectores. La construcción, la industria manufacturera y el comercio minorista son los más afectados, lo que se traduce en una pérdida masiva de empleos en rubros que históricamente han sido motores de la economía.
En este contexto de crisis, el Gobierno ha defendido su plan de ajuste fiscal como la única vía para estabilizar la economía y generar las condiciones para un crecimiento futuro. Sin embargo, las medidas de desregulación y de reducción del gasto público, si bien apuntan a sanear las cuentas del Estado, han tenido un impacto negativo en el nivel de actividad, al reducir la demanda interna y la inversión pública.
Expertos económicos coinciden en que la recuperación del sector productivo será lenta y dependerá de que se logre estabilizar la macroeconomía. No obstante, advierten que, para revertir la tendencia actual, se necesitarán políticas que fomenten la inversión privada, alivien la carga impositiva sobre las empresas y promuevan el crédito para la producción.
La pérdida de empresas y empleos no es solo una estadística, sino que tiene un profundo impacto social. Cada cierre de una Pyme significa la pérdida de una fuente de ingresos para familias enteras y el deterioro del tejido social y productivo en las comunidades. La capacidad del país para recuperarse de esta crisis dependerá de si se logran generar las condiciones para que las empresas vuelvan a invertir y a generar los puestos de trabajo que el país necesita para volver a crecer.
