Matías Ozorio, el ladero de “Pequeño J” e imputado en el triple crimen de Florencio Varela, protagonizó un dramático giro al ser capturado en Perú, donde alegó haber sido víctima de una red de narcotráfico. Al momento de su detención por la Policía Nacional del Perú, Ozorio intentó deslindarse de la responsabilidad criminal directa de los hechos, declarando que había sido “traído de engaño por unos narcos, mafiosos” a quienes les debía dinero y de quienes se había “escapado” recientemente.
El relato de Ozorio, quien se presentó como un fugitivo que se dirigía a pie desde Trujillo y se encontraba durmiendo en la calle, contrasta fuertemente con la carátula de la causa judicial argentina, que lo vincula activamente al secuestro y asesinato de las tres jóvenes. Según los investigadores, Ozorio era la “mano derecha” de “Pequeño J” (Tony Jansen Valverde Victoriano), el supuesto autor intelectual del delito, y su rol era esencial en la estructura de la banda narco-criminal que operaba en la zona sur del conurbano bonaerense.
La ruta de escape que describió ante las autoridades peruanas, señalando haber ingresado al país “por Paraguay, por la selva”, evidencia una logística compleja utilizada habitualmente por prófugos de alta relevancia. Sin embargo, su coartada de haber sido coaccionado y posteriormente fugado de la propia organización para la que trabajaba genera escepticismo en las fuerzas de seguridad, que consideran su declaración como una estrategia defensiva temprana para atenuar su responsabilidad en el triple asesinato.
Este caso, que conmocionó al país por las características del delito (tortura y entierro de los cuerpos, además del móvil narco), pone en el centro del debate la necesidad de desenmascarar las estructuras de estas redes de narcotráfico que operan con total impunidad. La vinculación de Ozorio, quien residía en la Villa 21-24 y frecuentaba zonas marginales, con el cabecilla peruano sugiere la existencia de complejas estructuras delictivas transnacionales que reclutan mano de obra local.
Tras su captura, el destino inmediato de Matías Ozorio quedó sellado por su situación migratoria: al no contar con registro de ingreso legal a Perú, la Dirección Antidrogas de ese país inició el procedimiento de “expulsión” en el “más breve tiempo posible” a través de Migraciones, facilitando así su retorno inmediato a la jurisdicción argentina. Esta vía legal es más rápida que el proceso de extradición y permitirá a la justicia argentina tenerlo a disposición para que preste declaración indagatoria.
La justificación de Ozorio sobre su huida y su vínculo con los “mafiosos” será clave en el desarrollo del juicio oral. Expertos en derecho penal sugieren que, más allá de la coartada, el desafío de la fiscalía será probar la participación directa y consciente de Ozorio en el asesinato, en un contexto de violencia de género y ajustes de cuentas por narcotráfico. Su versión, que lo posiciona como víctima y no como victimario, buscará alivianar una pena que, por la gravedad de los cargos, podría ser de prisión perpetua.
