El Gobierno Nacional ha desplegado una estrategia de defensa multifacética para mantener la cotización del dólar por debajo del techo de la banda cambiaria, al menos hasta que se celebren las elecciones legislativas de octubre. Esta medida de contención se produce en un contexto de tensión cambiaria creciente, donde la divisa mayorista ya ha rozado el límite superior de la zona de no intervención. La administración busca evitar que un salto abrupto del tipo de cambio genere inestabilidad económica y, peor aún, tenga un impacto negativo directo sobre el resultado de las urnas.
La preocupación del equipo económico reside en la historia reciente: la cercanía de las elecciones siempre genera una mayor presión sobre el dólar debido a la incertidumbre política y la salida de capitales especulativos. Para contrarrestar esta dinámica, las autoridades monetarias han intensificado la intervención en el mercado de contado y han mantenido las tasas de interés en niveles elevados. La suba de tasas opera como un costoso ancla para el dólar, al encarecer el financiamiento en pesos y hacer más atractivo el ahorro en moneda local, pero esta política es insostenible a largo plazo por su alto costo fiscal y su potencial efecto nocivo sobre la deuda.
El Banco Central (BCRA) no solo está interviniendo de forma directa, sino que también utiliza operaciones de mercado para retirar pesos y reducir la liquidez, una maniobra que tiene efecto inmediato en el control del precio. Sin embargo, el mercado financiero advierte que la capacidad de fuego del BCRA se encuentra limitada por los bajos niveles de reservas netas y la necesidad de cumplir con las metas de acumulación exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de afrontar importantes vencimientos de deuda en el corto plazo, como los compromisos de enero.
Según el análisis de economistas del sector privado, el objetivo del Gobierno es estrictamente político: postergar cualquier corrección cambiaria significativa hasta después de la cita electoral. El mantenimiento artificial de la banda, aunque costoso, es considerado un capital político crucial en este momento. De hecho, expertos como Miguel Kiguel han señalado que, si bien el dólar puede seguir subiendo en un marco ordenado sin generar un desborde inflacionario, el miedo a la flotación libre es aún un factor dominante en la estrategia oficial.
No obstante, esta defensa cambiaria pre-electoral genera una gran expectativa sobre lo que sucederá el día después de los comicios. Analistas proyectan que una vez superada la instancia legislativa de octubre, la necesidad de sostener tasas tan altas y la intervención directa perderán su sentido, allanando el camino para una corrección o sinceramiento del tipo de cambio. La magnitud de dicho ajuste dependerá de los resultados electorales y del grado de confianza que logre generar el nuevo mapa político.
En conclusión, la batalla por la cotización del dólar es, hasta octubre, un reflejo de la prioridad política sobre la ortodoxia económica. El blindaje cambiario busca comprar tiempo y estabilidad percibida, pero el costo futuro de esta contención, sumado a los compromisos con el FMI y la deuda, configura un escenario de alta volatilidad que el Gobierno deberá afrontar de manera inmediata tras la jornada electoral.
