El “Caso Espert” ha generado un clima de estupor en la cúpula del Gobierno, con la preocupación centrada en el impacto electoral que podría tener en las próximas legislativas la defensa singular y pública del presidente Javier Milei a José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA). La revelación de presuntos vínculos del legislador con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos ha reavivado las discusiones sobre la ética y la lucha contra el crimen organizado, un pilar de la gestión oficial.
La decisión de Milei de respaldar a Espert en soledad fue una de las pocas acciones que no contó con el consenso de su círculo más íntimo ni de la mesa política. Aliados clave, como referentes del PRO, han manifestado su descontento con la situación. La cúpula de LLA teme que el capital político acumulado en materia de seguridad y anticorrupción se vea seriamente comprometido, justo cuando la campaña entraba en su etapa decisiva.
El escándalo se ha magnificado por la propia narrativa de tolerancia cero contra el narcoterrorismo que promueve el Gobierno. Altísimos funcionarios admitieron en off the record a medios especializados que el impacto electoral es inevitable, afectando especialmente en distritos sensibles donde el mensaje anticorrupción es fundamental. La tensión se incrementó luego de que la máxima figura de la Iglesia Católica en el país hiciera alusión al concepto de “narcoestado” durante la masiva peregrinación a Luján.
El hecho también disparó una ola de críticas internas dirigidas a los responsables de la comunicación gubernamental. Se les reprocha la lentitud y la ineficacia para articular una respuesta que contuviera el daño. Según voces del entorno presidencial, el manejo de esta crisis, sumado a episodios anteriores, demuestra la necesidad de una reestructuración profunda de los equipos que gestionan la imagen y el discurso del Presidente.
La oposición, incluyendo a sectores del peronismo y otras fuerzas, ha aprovechado la coyuntura para reclamar explicaciones y exigir la renuncia de Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, un cargo clave. Esto plantea un escenario complejo en el Congreso post-electoral, donde la oposición buscará capitalizar la debilidad del oficialismo para bloquear o condicionar proyectos legislativos fundamentales.
La administración de Milei busca ahora minimizar el daño enfocando la campaña en la gestión económica y en los avances en seguridad, esperando que el escándalo pierda tracción mediática. Sin embargo, el costo político de haber defendido una figura tan cuestionada en un tema tan sensible podría ser un revés significativo que complique la capacidad del Gobierno para negociar la gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato.
